La investigación sobre operaciones bancarias sospechosas realizadas por los municipios de Banda del Río Salí, Famaillá, Lules y Monteros, que implican una cifra de alrededor de $37.000 millones entre 2023 y 2024, ha sido impulsada por la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Esta denuncia, que involucra presuntos movimientos financieros irregulares, fue enviada a la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán para su análisis. En este contexto, el fiscal Rafael Vehils Ruiz, subrogante de dicha Fiscalía, destacó que se han tomado medidas para avanzar en la causa, aunque se abstuvo de dar detalles específicos con el fin de no interferir en el desarrollo de la investigación.
“El caso está en marcha. Se han solicitado diversas medidas en coordinación con la Procelac”, expresó el fiscal en una entrevista con La Gaceta. Aunque no ofreció información precisa sobre las acciones tomadas, aclaró que su labor se centra exclusivamente en lo que concierne a los municipios tucumanos involucrados. La denuncia se extiende a ocho municipios del norte, que alertaron a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) debido a retiradas de fondos por un total de $39.487 millones sin la documentación necesaria para justificar las operaciones. En Tucumán, los municipios de Banda del Río Salí, Famaillá, Lules y Monteros destacan por sus grandes extracciones, mientras que también se encuentran involucrados algunos municipios de Catamarca y Salta.
Según los informes de la UIF, las extracciones de dinero en efectivo a través de cheques y sin justificación podrían haber sido usadas, al menos en parte, para financiar campañas electorales de las recientes elecciones provinciales y nacionales. En su denuncia, Procelac subraya la necesidad de continuar con la investigación para descubrir el destino de estos fondos y posibles mecanismos de ocultación relacionados con contribuyentes de las campañas. Procelac también busca identificar las actividades y personas involucradas en estas maniobras.
En cuanto a la postura oficialista, los exintendentes de los municipios involucrados —Darío Monteros (Banda del Río Salí), José Orellana (Famaillá), Carlos Gallia (Lules) y Francisco Serra (Monteros)— han respondido a las acusaciones. Aseguran que las extracciones denominadas “cheque por ventanilla” son procedimientos comunes en los municipios, destinados a pagar a trabajadores no bancarizados, ayudas sociales, y cubrir gastos de eventos, como el pago a artistas o gastos en equipamiento para espectáculos. Los exfuncionarios sostienen que cuentan con toda la documentación de respaldo, la cual está disponible para la Justicia.
Además, han expresado que las acusaciones pueden tener un trasfondo político y electoral. Monteros, Orellana, Gallia y Serra coincidieron en que la denuncia tiene un trasfondo mediático y político, señalando que se ha utilizado de forma estratégica en un contexto electoral. Monteros comentó que la denuncia fue amplificada desde la política, sin basarse en hechos concretos. Por su parte, Orellana describió la acusación como un “ardid político”, sugiriendo que otras municipalidades con procedimientos similares, como la Capital, no han sido mencionadas. Gallia expresó malestar por la forma en que se filtró la información, destacando que no fueron notificados oficialmente, sino que se enteraron por los medios. Serra, por su parte, subrayó que este tipo de situaciones suelen emerger en períodos electorales, considerando que forman parte del «folclore de la política».
El caso sigue siendo objeto de análisis por parte de las autoridades, y la investigación continúa desarrollándose mientras se aclaran las acusaciones y se define el destino de los fondos involucrados en las extracciones.