La sesión especial que había sido convocada por la oposición en la Cámara de Diputados no logró concretarse por la falta de quorum, ocasionada por la ausencia de cinco legisladores clave. Esta reunión buscaba avanzar en diversos temas de relevancia institucional y social: tratar proyectos previsionales orientados a mejorar la situación de los jubilados, resolver la conformación pendiente de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA, cubrir tres de las seis vacantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y declarar la emergencia para las zonas recientemente afectadas por intensas lluvias. Sin embargo, como en otras oportunidades, la influencia de gobernadores de diferentes partidos jugó un rol crucial en evitar que se llevara a cabo una sesión que podía resultar incómoda para el presidente Javier Milei.
Apenas se confirmó que la sesión no se llevaría adelante, Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria (UP), explicó los objetivos frustrados de la jornada: “Queríamos prorrogar la moratoria previsional y actualizar el bono, que sigue congelado en $70.000”, expresó. La sesión, solicitada en conjunto por UP, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, tenía como prioridad atender las demandas de los jubilados, quienes cada miércoles se manifiestan frente al Congreso en reclamo de mejoras económicas.
La propuesta de la oposición contaba con el respaldo del Frente de Izquierda (FIT) y de la Coalición Cívica, y contemplaba un conjunto de iniciativas destinadas a fortalecer los ingresos de los sectores pasivos. Entre ellas, se incluía la actualización de haberes jubilatorios, la revisión del bono de $70.000 —que permanece sin modificaciones desde marzo de 2024—, una extensión o reforma de la moratoria previsional caída ese mismo mes, y el análisis de la deuda que el Estado mantiene con las cajas previsionales provinciales.
No obstante, la falta de quorum fue el resultado de múltiples ausencias, algunas sorpresivas, dentro de los bloques impulsores. En el caso de UP, no se presentaron legisladores vinculados a los gobernadores de Catamarca y Santiago del Estero, un patrón ya observado en otras ocasiones donde se debaten cuestiones que podrían tensar la relación con el Ejecutivo nacional. Encuentro Federal, por su parte, tuvo tres ausencias provenientes de Córdoba, todas ligadas al gobernador Martín Llaryora. A ellos se sumó Jorge Ávila, legislador de Chubut cercano al mandatario provincial Ignacio Torres. Democracia para Siempre, el espacio referenciado en Facundo Manes, tampoco contó con la totalidad de sus miembros: dos de sus diputados no asistieron. En el Frente de Izquierda, Vilma Ripoll no pudo asistir por razones de salud.
A esta lista se agregaron los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes, con excepción de Julio Cobos, decidieron no presentarse. La decisión, tomada el día anterior, resultó llamativa ya que la UCR había sido protagonista en el impulso de los debates previsionales en comisión cuando se venció la moratoria. Gabriela Brouwer de Koning, diputada cordobesa de ese bloque y presidenta de la Comisión de Previsión, había manifestado su intención de encontrar soluciones para quienes quedaron fuera del sistema previsional tras el desinterés del Ejecutivo.
En la misma línea de apoyo al oficialismo, el bloque del PRO también optó por no dar quorum. Así lo había adelantado su presidente, Cristian Ritondo, durante una participación en el foro AmCham, donde aseguró que los proyectos en discusión contradecían el programa económico del gobierno de Javier Milei, con quien el PRO mantiene conversaciones para un posible acuerdo electoral en Buenos Aires. A pesar de las divisiones internas dentro del espacio amarillo, el bloque decidió unificarse en su postura y ausentarse.
El bloque de Innovación Federal, conformado por representantes provinciales de Misiones, Salta y Río Negro, también se ausentó, reforzando el efecto dominó de ausencias que frustraron la sesión.
En definitiva, fue una combinación de factores políticos y acuerdos tácitos lo que impidió que la sesión se realizara. De haberse debatido los temas previsionales, el presidente Milei se habría enfrentado nuevamente a la posibilidad de vetar leyes aprobadas por el Congreso, en un contexto especialmente delicado como lo es el sistema jubilatorio.
El debate por las vacantes de la AGN también generó fricciones
Uno de los temas que complicó la convocatoria fue la inclusión de la votación para cubrir tres vacantes en la Auditoría General de la Nación. Si bien la Coalición Cívica finalmente aportó sus seis diputados, su participación estuvo en duda hasta el último momento. La razón: el malestar que generó entre sus miembros la inclusión del tema en el orden del día, sin haber sido debatido previamente en Labor Parlamentaria.
Los legisladores afines a Elisa Carrió habían manifestado su apoyo al radical Mario Negri como candidato para la AGN, pero su figura perdió respaldo en los últimos tiempos debido a la fragmentación del bloque de De Loredo. Como alternativa emergió el nombre de Emilio Monzó, quien habría logrado reunir un mayor número de adhesiones. Esta maniobra fue mal recibida dentro de la Coalición Cívica, que además rechazaba el nombre propuesto por Unión por la Patria, Juan Ignacio Forlón. A pesar de estas tensiones, los seis diputados de Carrió terminaron sentándose en sus bancas antes de que se venciera el tiempo de tolerancia.
También desde el espacio de Llaryora se cuestionó la mezcla de temas en la sesión. La diputada Alejandra Torres, que no asistió, lo justificó en redes sociales diciendo: “Mezclar un tema tan complejo y urgente como el de las moratorias con otros como la distribución de cargos en la AGN o el tratamiento de $LIBRA no es la mejor manera de resolver los problemas de los jubilados”.
El caso $LIBRA: otro punto trabado por la falta de consenso
Otro objetivo de la sesión era poner en marcha finalmente la comisión investigadora del caso $LIBRA, cuya creación había sido aprobada semanas atrás, pero que no pudo comenzar a funcionar por la falta de acuerdo entre sus 28 miembros sobre quiénes debían ocupar los cargos de conducción. Dado el empate en las votaciones previas, la oposición había decidido llevar el tema al recinto para que fuera el pleno de la Cámara quien definiera las autoridades.
La puesta en funcionamiento de esta comisión resulta particularmente incómoda para el Gobierno, ya que tendrá durante tres meses la facultad de convocar funcionarios —incluso con auxilio de la fuerza pública—, requerir documentación e investigar temas que podrían salpicar directamente a los hermanos Milei, incluyendo movimientos financieros y contratos polémicos.
Sin embargo, tras el fracaso de la sesión, la activación de esta comisión quedó nuevamente postergada, sin fecha definida para retomar su tratamiento.