La ley omnibus presentada por Javier Milei en el Congreso busca permitir a los argentinos llevar a cabo un trámite crucial sin necesidad de la intervención de abogados, específicamente, el proceso de divorcio. Además, la ley otorga a los escribanos la facultad de realizar trámites sucesorios, aunque con la obligación de contar con el patrocinio letrado.
En relación al divorcio, el artículo 435 del Código Civil, hasta ahora, contemplaba como causas de disolución del matrimonio la muerte de uno de los cónyuges, una sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y el divorcio declarado judicialmente. Sin embargo, la nueva ley omnibus propone incorporar una nueva causa, permitiendo que los cónyuges, de común acuerdo, presenten la voluntad de disolver el vínculo ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal. Este cambio eliminaría la necesidad de la mediación y agilizaría el proceso, ya que los divorcios exprés ante un juez, que actualmente requieren la participación de un abogado, podrían demorar 24 horas.
Esta medida ha generado reacciones, especialmente entre abogados, como el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, quien expresó su intención de defender las incumbencias de la abogacía.
En cuanto a los trámites sucesorios no controvertidos, la ley omnibus contempla la posibilidad de que los sucesores y el cónyuge elijan tramitar los procesos sucesorios por causa de muerte ante órganos judiciales o ante escribano público en casos donde no exista controversia y todos sean capaces. Este trámite ante escribano público sería opcional y requeriría patrocinio letrado.
La abogada Marisa Herrera y la abogada Natalia de la Torre han expresado críticas a esta propuesta, argumentando que puede atentar contra los derechos de los involucrados por falta de asesoramiento, relaciones asimétricas de poder y otras consideraciones. También se cuestiona la falta de claridad en la normativa, como la designación del «órgano administrativo» competente en cada provincia.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez también ha expresado dudas sobre los beneficios de habilitar la opción de divorcio sin abogados, señalando que la presencia de un abogado brinda la mejor alternativa a las personas y sugiere que estas propuestas podrían implicar una reforma constitucional encubierta.
En resumen, la ley omnibus plantea cambios significativos en los procedimientos legales, reduciendo el papel de los abogados y aumentando la influencia de los escribanos. Este enfoque ha generado un fuerte rechazo por parte de sectores vinculados a la abogacía, quienes argumentan que estas medidas podrían no ajustarse a los parámetros establecidos en la Constitución.
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