El juez federal Sebastián Casanello ha decidido procesar a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Casanello argumenta que existen pruebas suficientes que demuestran que Belliboni desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero del Plan Potenciar Trabajo hacia fines partidarios. El juez señala que la desviación se realizó mediante la presentación de facturas falsas y el uso de empresas fantasma, especialmente una llamada Rumbos, la cual, aunque figuraba como proveedora, en realidad no realizaba actividades y funcionaba como una «caja partidaria» para encubrir gastos y redirigir fondos.
Casanello destacó que Rumbos no solo emitía facturas falsas, sino que también su cuenta bancaria se usaba para recibir «cápitas» de los beneficiarios del plan, quienes eran forzados a hacer aportes obligatorios para mantener su ayuda estatal. Además, el juez sostuvo que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, encargados de verificar que los beneficiarios cumplieran con las obligaciones del Plan Potenciar Trabajo, en realidad exigían asistencia a manifestaciones políticas en lugar de cumplir con las tareas requeridas.
El procesamiento de Belliboni también involucra a otras 17 personas, algunas acusadas de defraudación y otras de amenazas coactivas. Además de Belliboni, varios miembros de la asociación y la cooperativa enfrentan cargos relacionados con estos delitos. Belliboni ha sido embargado por 390 millones de pesos, que corresponden al monto presuntamente desviado.
En respuesta, Belliboni ha denunciado que el procesamiento es parte de una persecución política y ha anunciado su intención de apelar el fallo. Según él, la acusación es parte de un intento por estigmatizar al movimiento piquetero y ha cuestionado el momento de la resolución, argumentando que la investigación está manipulada.
El juez Casanello también ha ordenado la investigación de posibles implicaciones de funcionarios públicos en el fraude, entre ellos Emilio Pérsico, exsecretario de Economía Social. El fiscal del caso ha solicitado la indagatoria de Pérsico y otros exfuncionarios, sugiriendo que podrían haber estado involucrados en un esquema de corrupción coordinado con el Polo Obrero.
La causa comenzó a fines de diciembre de 2023 con denuncias anónimas sobre extorsión y amenazas relacionadas con el Plan Potenciar Trabajo, y se amplió al descubrirse pruebas de desvío de fondos. Según Casanello, el Polo Obrero no cumplió con las obligaciones del plan y en lugar de promover el empleo y la capacitación, utilizó los recursos para fines partidarios. El juicio continúa mientras se espera que Belliboni y los demás procesados apelen la decisión.