Si el Senado avanza con la aprobación definitiva de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que la oposición logró media sanción en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei utilizará su poder de veto para bloquear la reforma. La semana pasada, durante el Latam Economic Forum, el presidente dejó clara su postura: “Les voy a vetar todo lo que rompa la caja fiscal, me importa tres carajos”.
Este jueves, Guillermo Francos, el recién nombrado jefe de Gabinete, reiteró esta intención, añadiendo que si la Cámara de Diputados insiste con los dos tercios de votos para superar un veto presidencial, el Gobierno nacional responderá recortando otras partidas presupuestarias, amenazando con «recortes de todo tipo».
Sin embargo, el presidente no tiene la última palabra en este proceso. La oposición cuenta con buenas posibilidades de anular el veto presidencial y asegurar su fórmula de ajuste para las jubilaciones. La clave reside en la Constitución nacional y en la aritmética parlamentaria.
Según el artículo 83 de la Constitución, si el Poder Ejecutivo rechaza un proyecto, este vuelve a la Cámara de origen para una nueva discusión. Si la Cámara de origen y luego la Cámara revisora confirman el proyecto por una mayoría de dos tercios, el proyecto se convierte en ley, independientemente del veto presidencial.
Esto significa que si las fuerzas opositoras —Unión por la Patria, UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal— quieren insistir con la iniciativa después del veto, pueden hacerlo obteniendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. En la reciente votación de la Cámara de Diputados, la oposición ya logró superar esa mayoría, con 160 votos afirmativos de un total de 232 votos emitidos, lo que representa un 69%, por encima del necesario 66,66%.
Es importante destacar que la base para calcular la mayoría de dos tercios no es el total de los miembros de la Cámara (257 diputados), ni los presentes en la sesión, sino los votos afirmativos sobre la suma de votos afirmativos y negativos.
La oposición tiene una buena oportunidad de repetir este éxito en una nueva sesión especial. En la votación reciente, 72 votos en contra, principalmente de La Libertad Avanza y el PRO, no fueron suficientes para detener la media sanción. Además, los cinco diputados del Frente de Izquierda, que se abstuvieron por considerar la propuesta insuficiente, han indicado que votarán en contra del veto presidencial, según lo confirmado por la diputada Myriam Bregman.
Otras abstenciones en la votación reciente podrían convertirse en votos negativos, aunque también hay diputados ausentes que podrían influir en ambos sentidos. Silvia Lospennato (PRO) y Rocío Bonacci (LLA), ausentes en la votación, votarían en contra de la nueva ley, mientras que Magalí Mastaler (Unión por la Patria) y Manuel Aguirre (UCR), también ausentes, votarían a favor.
En el Senado, la situación es similarmente favorable para la oposición, que necesitaría 48 de los 72 votos si no hubiera ausencias. La combinación de Unión por la Patria, UCR y bloques provinciales supera fácilmente ese número.
Aunque es raro que el Congreso insista en una ley vetada por el presidente, debido a la dificultad de reunir una mayoría de dos tercios, el Gobierno de Javier Milei, con su fuerza política minoritaria en el Parlamento, enfrenta un escenario propicio para tal insistencia. La última vez que una ley vetada recobró vigencia fue con el Presupuesto 2003, hace más de dos décadas.