La polémica generada por la resolución firmada por Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), desató una serie de reacciones y críticas, especialmente en la red social X. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, incluía términos altamente ofensivos y discriminatorios como “imbécil”, “idiota” y “retardo mental” para clasificar a personas con discapacidad, lo que provocó un repudio generalizado por parte de familias, organizaciones y expertos en el área. Frente a esta situación, el Gobierno decidió modificar la resolución, aunque mantuvo las condiciones del baremo utilizado para evaluar a las personas que pueden acceder a una pensión por invalidez.
Spagnuolo, desde su viaje oficial en Israel, respondió a la controversia a través de la misma red social. En sus primeros comentarios, el funcionario explicó que la inclusión de esos términos fue un error, atribuido al uso de una terminología obsoleta, y aseguró que no existió ninguna intención discriminatoria. Añadió que se iniciaría una investigación interna para identificar a los responsables y tomar las medidas correspondientes. «Las personas responsables por lo que pasó ya fueron desvinculadas de Andis», escribió Spagnuolo en un segundo mensaje, lo que generó más reacciones en su contra. Los usuarios de la red social le cuestionaron cómo podía desvincular a las personas responsables cuando él mismo había firmado la resolución.
Entre las críticas, Paulo Morales, representante de TEActiva, una organización que agrupa a padres de niños con Trastornos del Espectro Autista, señaló que el sistema de atención de salud mental en Argentina estaba al borde del colapso, y criticó duramente la improvisación en la publicación del Boletín Oficial. Morales remarcó que este tipo de errores no solo son un retroceso, sino también una oportunidad para continuar concientizando sobre la discapacidad, un tema que, según él, no define ni el destino ni las capacidades de una persona.
Por su parte, varios periodistas intentaron ponerse en contacto con Spagnuolo para que ofreciera más detalles sobre cómo se filtró el texto, pero no obtuvieron respuesta. El director de la Andis, quien asumió el cargo en enero, no tiene antecedentes en el ámbito de la discapacidad y su experiencia previa está vinculada principalmente a su rol como abogado de Javier Milei y su trabajo como asesor legal en la Secretaría de Salud de Pilar. Según fuentes cercanas, se identificaron a dos personas responsables de la filtración del texto: Tatiana Alvarado, quien era la coordinadora de Fiscalización Médica y quien habría renunciado antes de la publicación del Boletín, y Myriam Améndola, actual coordinadora de la Andis, que aún no había sido designada oficialmente.