El pasado miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni utilizó sus redes sociales para difundir un video en el que cuestiona duramente el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 11 de abril. En ese mensaje audiovisual, el funcionario del Gobierno nacional calificó la medida sindical como un “ataque a la república”, estableciendo así una postura crítica y contundente frente a la acción gremial.
Este material no solo fue distribuido a través de las cuentas oficiales, sino que también comenzó a reproducirse en pantallas ubicadas en distintas estaciones ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según informó la agencia Noticias Argentinas. La iniciativa formó parte de una estrategia comunicacional del Gobierno para reforzar su rechazo al paro y trasladar ese mensaje al espacio público masivo.
El video en cuestión presenta una imagen con una frase tajante: “La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar”. A esto se suma un llamado a los ciudadanos para que, en caso de sufrir presiones relacionadas con la medida de fuerza, tomen acciones legales: “Si te extorsionan o te obligan a parar, denunciá al 134”. De esta manera, el Gobierno no solo planteó su oposición al paro, sino que también alentó a las personas a reportar posibles casos de coerción o intimidación vinculados con la protesta sindical.
La decisión de difundir el video en medios de transporte, especialmente en estaciones de tren, marca un nuevo capítulo en la escalada de tensión entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones gremiales. Con esta acción, el Gobierno reforzó su discurso de confrontación contra los sindicatos, a los que identifica como parte de los obstáculos para avanzar en su programa de reformas.
Mientras tanto, desde la CGT se emitió un extenso comunicado en el que se explicitan los motivos del paro y se critica con dureza el rumbo adoptado por el Gobierno. En ese texto, la central obrera expresó que los efectos del ajuste económico implementado por el oficialismo han recaído principalmente sobre los trabajadores, tanto los que están en actividad como los jubilados. “El costo del ajuste recayó sobre los trabajadores activos y pasivos”, señala el documento, que también acusa a las autoridades de actuar con “insensibilidad frente a los problemas de la gente”.
Entre los reclamos más destacados, la CGT exigió que se respeten las negociaciones salariales libres —es decir, sin límites ni condicionamientos por parte del Estado— y que se otorgue un aumento de emergencia a los jubilados, cuyo poder adquisitivo se ha visto severamente deteriorado por la inflación. Asimismo, el comunicado manifestó un enérgico rechazo a la represión de las manifestaciones sociales y se opuso a la intención del Gobierno de privatizar empresas estatales estratégicas como Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación.
En cuanto al impacto de la huelga, la medida de fuerza se hizo sentir especialmente en el sistema de transporte público. En la ciudad de Buenos Aires y en el resto del AMBA, la jornada se desarrolló sin circulación de trenes, subtes ni premetro, afectando a miles de personas que dependen diariamente de estos servicios. Además, el paro tuvo repercusiones en otros sectores vinculados al transporte, como el aeronáutico, el marítimo, el fluvial y el portuario, donde también se registraron interrupciones en las actividades.
Sin embargo, un dato distintivo fue la postura de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que decidió no adherir a la medida de fuerza. Como resultado, los servicios de colectivos operaron con normalidad, constituyéndose en uno de los pocos medios de transporte disponibles durante la jornada de protesta. Esta decisión marcó una diferencia importante dentro del universo sindical y tuvo implicancias prácticas para la movilidad de una parte significativa de la población.
En resumen, el paro convocado por la CGT se convirtió no solo en una manifestación de protesta contra las políticas del Gobierno, sino también en un nuevo escenario de confrontación entre la administración nacional y el movimiento obrero organizado, donde ambas partes intensificaron su discurso y pusieron en evidencia la profunda disputa que atraviesa al país en materia económica, social y política.