El presidente argentino Javier Milei dispuso la apertura de archivos de inteligencia relacionados con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar, en el marco de la conmemoración del 49° aniversario del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de dar a conocer la decisión, explicando que el mandatario «instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período de 1976 a 1983». Además, precisó que la medida también alcanza «toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas».
El funcionario detalló que el material en cuestión, hasta ahora bajo resguardo de la Secretaría de Inteligencia del Estado, será trasladado íntegramente al Archivo General de la Nación, entidad responsable de la preservación y acceso público a documentos históricos. Con este traspaso, el gobierno busca garantizar que dichos registros sean objeto de consulta y análisis dentro de un marco institucional de memoria histórica.
El anuncio tuvo lugar en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha en la que se recuerda el inicio del régimen militar que, de acuerdo con organismos de derechos humanos, dejó un saldo de aproximadamente 30.000 desaparecidos.
Según Adorni, la decisión responde a una disposición previamente establecida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2010. Sin embargo, señaló que la normativa, «si bien se dictó hace 15 años, nunca se cumplió completamente». Ahora, la administración de Milei afirma que llevará a cabo la aplicación total de dicha desclasificación.
En línea con la postura oficial sobre este período de la historia argentina, la gestión libertaria promueve lo que denomina una «memoria completa», basada en la equiparación entre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales y los delitos perpetrados por organizaciones armadas de izquierda durante la década del 70. Esta visión ha sido rechazada por organismos de derechos humanos, que sostienen que el terrorismo de Estado no puede compararse con el accionar de grupos guerrilleros.
Adorni defendió la iniciativa asegurando que «lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la memoria, no en los archivos de inteligencia», argumentando que el traspaso de la documentación permitirá que «los archivos pasen ahora a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política».
Mientras tanto, como cada 24 de marzo, organismos de derechos humanos llevarán a cabo movilizaciones en la Plaza de Mayo, acompañados por sectores sindicales y partidos de la oposición, con el objetivo de mantener vigente el reclamo de justicia y memoria en torno a las víctimas de la dictadura.