El Gobierno está trabajando en un proyecto que busca derogar varias leyes y normas relacionadas con políticas de inclusión y perspectiva de género, entre ellas la Ley Micaela, los cupos laborales en el Estado y la figura judicial del femicidio establecida en el Código Penal. Según fuentes oficiales, este paquete de reformas sería enviado al Congreso durante las sesiones ordinarias, y no se descarta que se convierta en un tema central para la campaña de las elecciones legislativas de 2025.
Desde la Casa Rosada, se argumenta que se eliminarán todas aquellas leyes y regulaciones que impliquen “discriminación positiva hacia minorías”. El diseño y desarrollo de este proyecto está a cargo de María Ibarzabal, secretaria de Planeamiento Estratégico, quien responde directamente al asesor presidencial Santiago Caputo.
En declaraciones oficiales, se sostiene que “el Estado no debería otorgar tratos diferenciados o especiales a grupos específicos”. Además, se señala que esta visión es consistente con la postura del presidente Javier Milei, quien se opone a implementar políticas públicas enfocadas en la diversidad de género.
En el caso específico de la figura judicial del femicidio, se plantea derogar la Ley 26.791, que establece como agravante de homicidio el hecho de que este sea cometido por un hombre mediando violencia de género. Según el Ejecutivo, “no debería haber distinciones legales entre el homicidio de un hombre y el de una mujer”.
Asimismo, la iniciativa busca anular la Ley Micaela (27.499), que fue promulgada en 2018 y establece capacitaciones obligatorias en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para funcionarios del Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. Se argumenta que este tipo de capacitaciones no deberían ser obligatorias.
Otra de las propuestas del proyecto es eliminar los cupos laborales en los tres poderes del Estado, incluyendo la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans (27.636), que reserva el 1% de los puestos estatales para personas travestis, transexuales y transgénero. También se contempla derogar la Ley de Paridad de Género (27.412), que exige la alternancia de mujeres y hombres en las listas electorales.
El paquete legislativo también incluye la derogación del decreto 476/2021, que permite la opción de un DNI no binario, es decir, la incorporación de una tercera categoría en el campo del sexo del documento de identidad. Asimismo, se busca eliminar la Ley de Cupo en Eventos Musicales (27.539), que estipula que al menos el 30% de los artistas en festivales y eventos musicales deben ser mujeres.
Por último, el proyecto contempla la revocación de la Ley de Identidad de Género (26.743), que permite a las personas modificar su documentación oficial para reflejar su identidad de género autopercibida y garantiza el acceso a tratamientos médicos destinados a la adecuación corporal según dicha identidad.
En resumen, este ambicioso paquete de reformas pretende desmantelar un conjunto de políticas y normativas que, según el Gobierno, otorgan privilegios a determinados grupos y no promueven una igualdad efectiva ante la ley.
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