El Gobierno condenó la negativa a los pliegos de los jueces Lijo y Mansilla | «El Senado es el refugio de la casta»

Luego de que el Senado decidiera rechazar las postulaciones de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para ocupar vacantes en la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno de Javier Milei reaccionó de manera inmediata y contundente. La administración libertaria manifestó su total rechazo a la resolución del cuerpo legislativo, interpretando esta decisión como una derrota parlamentaria que responde exclusivamente a motivaciones políticas y no a cuestionamientos sobre la idoneidad de los candidatos propuestos.

A través de un comunicado oficial emitido desde la Oficina del Presidente, el Ejecutivo expresó su firme repudio a lo ocurrido en la Cámara Alta. En el texto, se hizo hincapié en el carácter inédito de la medida adoptada por los senadores, señalando que, por primera vez en la historia argentina, un presidente ve rechazados los pliegos de sus nominados a la Corte por razones meramente políticas. Según el comunicado, este hecho confirma que el Senado se ha convertido en un bastión de lo que el Gobierno denomina «la casta política» dentro del Congreso Nacional.

El documento oficial también acusó a los legisladores de actuar como una «máquina de impedir», argumentando que su accionar no responde a los intereses de la ciudadanía sino a una estrategia de bloqueo sistemático contra el rumbo propuesto por la actual administración. Desde Casa Rosada recordaron que los expedientes de García-Mansilla y Lijo estuvieron disponibles para el análisis del Senado durante un año completo y que los senadores participaron en cada instancia del proceso de selección conforme a las disposiciones legales vigentes. A pesar de ello, denunciaron que, tras haber postergado la votación por meses, finalmente se impusieron las preocupaciones de los legisladores por sus propias causas judiciales y las de sus referentes políticos, en detrimento del adecuado funcionamiento del Poder Judicial.

Asimismo, el comunicado oficial alertó sobre los peligros de lo que calificó como una «politización de la Justicia», afirmando que este fenómeno representa un riesgo grave para la democracia. En este sentido, se advirtió que, mientras la dirigencia política continúe priorizando su protección frente a eventuales procesos penales por sobre la institucionalidad del sistema judicial, el acceso de los ciudadanos a una justicia independiente seguirá viéndose obstaculizado.

Finalmente, el Gobierno reafirmó su compromiso con la independencia de los poderes del Estado y con la necesidad de restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones de la República. En este marco, se aseguró que el presidente Javier Milei seguirá desplegando todos los recursos que la Constitución Nacional y el respaldo popular le otorgan para llevar adelante su plan de gobierno y garantizar un Poder Judicial autónomo y eficaz.