Bajo la administración de Javier Milei, la revisión de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL) sigue en marcha, mientras que el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue generando debate político. La revisión se fundamenta en la presunción oficial de irregularidades en la concesión de un número considerable de estas pensiones durante gestiones anteriores.
El Gobierno decidió mantener la suspensión de estas prestaciones, según se desprende de una licitación publicada el 30 de julio en Compr.Ar por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La convocatoria busca contratar hasta 720.000 servicios postales para el envío de cartas documento a los beneficiarios de las pensiones en todo el país.
Este operativo de revisión había sido anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni en febrero, señalando que ANDIS y el PAMI coordinarían la logística del envío de las cartas documento a los titulares de las 1.013.400 pensiones vigentes hasta ese momento. Los beneficiarios tendrían que presentar la documentación requerida para justificar la percepción de la prestación, y quienes no cumplieran serían dados de baja.
Recientemente, Adorni informó que se cancelaron 110.522 pensiones, mientras que otras 8.107 correspondían a personas fallecidas y 10.038 a quienes renunciaron voluntariamente. Desde ANDIS se anticipó que el proceso continuaría en las próximas semanas.
El pliego de licitación estipula que las cartas documento deben ser entregadas en cualquier lugar del país dentro de las 48 horas hábiles posteriores a su emisión. Si no es posible concretar la entrega en el primer intento, se realizará un segundo intento al día siguiente, y de persistir la imposibilidad, se devolverá la carta al remitente tras cinco días hábiles. La licitación también contempla cartas certificadas, expreso y otros tipos de encomiendas, con un volumen total superior a 730.000 envíos.
En el marco de restricciones presupuestarias, el Gobierno estima que los desvíos en pensiones por invalidez laboral podrían alcanzar los 1.000 millones de dólares anuales. Con la baja reciente de pensiones, se proyecta un ahorro mensual de aproximadamente 35.000 millones de pesos. Actualmente, cada prestación equivale al 70% de una jubilación mínima. Sin embargo, algunos domicilios no han sido localizados, dejando la auditoría incompleta; según Adorni, un 60% de los beneficiarios no presentó la documentación requerida.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había señalado que entre 1999 y 2003 las pensiones rondaban los 80.000 beneficiarios, mientras que entre 2005 y 2015 crecieron un 1.225%, alcanzando 1.060.000 pensiones. Adorni también destacó que la proporción de beneficiarios en Argentina (4,6% de la población activa) supera la de países en conflicto bélico como Israel (3,5%), pese a que Argentina no atravesó guerras ni desastres naturales, atribuyendo el aumento a la gestión de administraciones kirchneristas.
Mientras tanto, el veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue siendo un tema relevante. Esta ley pretende regularizar pagos, actualizar aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas y reformar el sistema de pensiones no contributivas, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y modificando el funcionamiento de ANDIS.