El Gobierno intensifica su confrontación con las universidades y canceló 11 proyectos de gran inversión

El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas ha escalado y se ha extendido a la obra pública. Desde el comienzo de 2024, la administración de Javier Milei ha decidido rescindir 11 proyectos de mejoras edilicias que estaban en marcha en instituciones educativas de todo el país. Desde el Ministerio de Economía argumentan que estas obras «no son priorizadas».

Esta medida llega en un contexto de tensiones en torno al presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades, lo que ha llevado a que se realicen tomas y clases abiertas en las calles en diversas localidades. El Gobierno defiende su decisión al señalar que estas obras deberían haber finalizado en 2023 y que, en su mayoría, presentaban considerables retrasos. Los proyectos en cuestión fueron iniciados durante la gestión de Alberto Fernández y, según estimaciones de TN, el Estado había invertido aproximadamente 1422 millones de pesos en ellos. A pesar de estar en ejecución al momento del traspaso de gobierno, la gestión actual ha optado por cancelar su financiamiento.

Entre los proyectos rescindidos, se encuentra la construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Salta, que debería haberse finalizado en mayo de 2023, pero solo alcanzó un avance del 35%. En esta obra se habían invertido 131 millones de pesos. Otro caso es el de la Universidad Nacional de Rosario, donde una nueva edificación destinada a la Facultad de Ciencias Veterinarias estaba programada para concluir en agosto de 2023, pero apenas llegó a un 10.42% de avance, con 127 millones de pesos ya gastados. Un proyecto similar en la Universidad de Río Negro, que tenía un costo de 152 millones y debía haberse terminado en agosto de 2023, también fue cancelado.

Estos proyectos no forman parte del anexo dos del acuerdo que el Gobierno firmó con las provincias, que incluye las obras que se seguirán financiando. Si no son las provincias o las propias universidades las que optan por finalizar los proyectos, estos quedarán en el limbo.

A pesar de que algunos de estos proyectos estaban cerca de completarse, la administración de Milei ha decidido dejar de financiarlos, lo que añade más tensión a la actual discusión. Mientras las universidades advierten que el presupuesto de 2025 pondrá en riesgo su funcionamiento normal, el Gobierno insiste en auditar sus gastos.

Un ejemplo de una obra cercana a su finalización es la de la Universidad Nacional de José C. Paz, donde se trabajaba en un edificio aulario y un comedor universitario. Aunque esta obra debía inaugurarse en noviembre de 2023, solo alcanzó un 64% de avance y se habían invertido 224 millones de pesos. A su vez, el Gobierno de Axel Kicillof se ha comprometido a finalizar estas y otras obras utilizando fondos provinciales, delegando la responsabilidad a Gabriel Katopodis, quien anteriormente estaba a cargo de estas iniciativas a nivel nacional.

La obra inconclusa en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que había alcanzado un 74% de avance con un gasto de 37 millones de pesos, será completada por el gobierno provincial. De la misma manera, la Universidad Nacional de José C. Paz, donde se estaban construyendo aulas y un natatorio, que quedó en un 41% de avance y con más de 200 millones de pesos ya gastados, también será financiada por la provincia.

La lista de proyectos rescindidos no termina ahí. También se incluye a la Universidad Nacional de Villa María, que alcanzó un 48% de avance con un costo de 107 millones de pesos, así como la Universidad Nacional de Cuyo (149 millones), la Universidad Nacional de Jujuy (173 millones), la Universidad Nacional de San Juan (86 millones), y otro proyecto en la Universidad de Jujuy por 36 millones.

De acuerdo a información recabada por TN, al momento del traspaso de gobierno existían 42 obras en ejecución, de las cuales al menos 11 ya han sido canceladas. La próxima semana se iniciarán los procedimientos formales para llevar a cabo auditorías en las universidades, después de que el Gobierno revocara una resolución de la Procuración del Tesoro que impedía a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) realizar dicho control. Las primeras auditorías se llevarán a cabo en las universidades de La Matanza y Lomas de Zamora, y se comenzarán los contactos para realizar el mismo proceso en la Universidad de Buenos Aires, comenzando por las Facultades de Economía, Medicina y Derecho.