Una alta figura del Gobierno nacional, en diálogo con el diario Clarín, expresó con total naturalidad una idea provocadora: si en su momento Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de un intento de asesinato que no generó una respuesta social contundente, ¿por qué se desataría una crisis si finalmente termina en prisión? La frase refleja el clima de expectativa con el que la administración de Javier Milei aguardaba el inminente fallo de la Corte Suprema, que confirmaría la condena a la exmandataria en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.
La conversación entre el funcionario y el medio tuvo lugar días antes del fallo, en un contexto donde tanto en el ámbito político como judicial ya se daba por descontada la resolución del máximo tribunal. Con el mismo tono despreocupado, el funcionario también señaló que esta situación tendría consecuencias políticas, especialmente en el plano electoral. Lamentó que Cristina no pueda ser candidata, al considerar que su presencia en la boleta les resultaba conveniente: recordaba a la ciudadanía los tiempos pasados que el oficialismo busca dejar atrás.
Este beneficio potencial para el oficialismo quedó aún más expuesto cuando dos legisladores misioneros aliados al espacio libertario bloquearon el avance del proyecto conocido como Ficha Limpia, una iniciativa que también podría haber dejado fuera de juego electoral a la líder del peronismo. Desde el Gobierno aseguran no haber intervenido ni en ese episodio ni en la resolución judicial, aunque las evidencias legislativas sugieren cierta responsabilidad. En cuanto al Poder Judicial, la Casa Rosada reconoce sus límites de influencia.
Durante el último año, el Gobierno de Milei intentó sin éxito nombrar a dos postulantes para integrar la Corte Suprema, impulsados por el magistrado Ricardo Lorenzetti. Se trataba del juez Ariel Lijo y del jurista Manuel García-Mansilla. Este último apenas tuvo una breve actuación en el Palacio de Tribunales, y su única decisión significativa fue votar en contra de un pedido del propio Lijo, lo cual contrarió los intereses del Ejecutivo. Al poco tiempo, García-Mansilla abandonó el proceso, mostrando una falta de habilidad política por parte del oficialismo para establecer nexos efectivos con la Justicia.
Un dirigente con mayor conocimiento del mundo judicial se animó a trazar un panorama más oscuro: según él, no sería sorprendente que el propio Milei termine enfrentando causas judiciales en el futuro si no logra construir alianzas con sectores del kirchnerismo para nombrar jueces y fiscales afines tras las elecciones. Para ilustrar su preocupación, recordó un episodio que funciona como advertencia: cuando Sergio Massa ganó la primera vuelta en 2023, recibió un mensaje de felicitación de Mauricio Macri. La respuesta del entonces candidato peronista fue inquietante: “Si gano el balotaje, te conviene irte a vivir a otro país”.
Desde el entorno kirchnerista más duro, la posibilidad de represalias contra Macri, quien aún enfrenta varias causas abiertas, no se descarta. Este escenario mantiene en alerta a varios sectores del oficialismo, particularmente a los organismos de inteligencia, que monitorean con atención las señales de posibles tensiones sociales. Un funcionario admitió que el peronismo se encuentra unido, con sindicatos sumándose a movilizaciones y calles ya siendo bloqueadas frente a la sede del PJ, lo que sugiere un potencial incremento del conflicto.
Las manifestaciones podrían expandirse a importantes accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como las autopistas La Plata, Panamericana, Riccheri y el acceso Oeste. Estas acciones estarían protagonizadas principalmente por dirigentes gremiales, organizaciones piqueteras y militantes vinculados al cristinismo. En el Ministerio de Seguridad están preocupados por la evolución de estas protestas y evalúan escenarios de mayor tensión, incluyendo intentos de ocupar edificios judiciales como los Tribunales o el Palacio de la Corte Suprema. La ministra Patricia Bullrich ha insistido en adoptar una postura dura, sobre todo en relación con los cortes en rutas clave. En contraste, Santiago Caputo, uno de los asesores más influyentes de Milei, preferiría mantener una actitud más cauta y observar cómo se desarrolla la situación.
Otro factor que entra en juego en este contexto es el impacto económico, especialmente en términos de la reducción de la pobreza. Desde el entorno cercano al “Triángulo de Hierro” —la estructura que maneja el poder real dentro del Gobierno—, se destaca que una parte importante de la población logró salir de la pobreza gracias a las políticas del actual Gobierno. Aunque hay cuestionamientos sobre los datos del INDEC, conducido por Marco Lavagna —quien también cumplía ese rol durante el kirchnerismo—, desde el oficialismo reivindican sus logros en esta materia.
Además, señalan que el Gobierno logró debilitar a los líderes piqueteros al eliminar su rol como intermediarios en la distribución de planes sociales. Según esta visión, al eliminar el «peaje» que estos referentes cobraban, los beneficiarios reciben más dinero directamente y, por ende, pierden incentivo para movilizarse. Esto no solo fue obra del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, sino también de las denuncias penales impulsadas por Patricia Bullrich contra dirigentes como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. Según explican, muchos otros dirigentes sociales evitaron encabezar protestas por temor a que sus propios antecedentes los expongan.
En este contexto, desde el oficialismo especulan que una parte del electorado históricamente peronista —beneficiaria de programas sociales— ya no tiene motivación para protestar y no desea que les vuelvan a “sacar” parte de sus ingresos a través de intermediarios. ¿Podría este grupo volcarse ahora hacia el voto libertario? ¿Perderá Cristina Kirchner apoyo entre sus bases tradicionales?