A través de un comunicado del portavoz presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno anunció la pronta implementación de una reforma migratoria que se formalizará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días. Esta medida tiene como objetivo endurecer los requisitos para la residencia de extranjeros en el país, además de imponer nuevas tarifas en ciertos servicios y establecer mecanismos más estrictos para la expulsión de extranjeros que infrinjan la ley. Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad Nacional, es una de las principales impulsoras de esta reforma, que toma como referencia acciones previas implementadas durante el gobierno de Mauricio Macri, a través del DNU 70/17.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni declaró que «Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de manera irregular», destacando que la reforma buscará corregir esa situación. Acompañado por Bullrich y otras figuras del gobierno, Adorni también precisó que la elaboración legal de la reforma estuvo a cargo de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, dirigida por María Ibarzábal.
El principal componente de la reforma establece que, a partir de la promulgación del decreto, ningún extranjero que haya sido condenado podrá ingresar al país. Además, aquellos que cometan cualquier delito dentro del territorio argentino, independientemente de la gravedad de la pena, serán deportados. Si bien aún no se detallaron los procedimientos ni los plazos específicos para llevar a cabo las deportaciones, se destacó que se considerarán delitos con penas menores a 5 años como razones suficientes para denegar el ingreso al país o proceder con la expulsión.
La reforma también introduce medidas económicas, como la exigencia de que los residentes transitorios, temporarios e irregulares paguen por los servicios de salud que reciban en el país, además de la obligatoriedad de contar con un seguro médico al ingresar. Según los cálculos oficiales, estas medidas buscan reducir el costo estimado de $114.000 millones que actualmente implica la atención sanitaria a extranjeros. De manera similar, se permitirá que las universidades nacionales, si lo desean, cobren aranceles por los servicios educativos ofrecidos a residentes temporarios, aunque esto no incluirá a los niveles educativos inicial, primario o secundario.
El presidente Javier Milei ya había anunciado la reforma el 1 de marzo durante la Apertura del 143° Período de Sesiones Ordinarias. En su discurso, Milei argumentó que Argentina no puede seguir siendo «un centro de beneficiarios» financiado por los ciudadanos del país, a pesar de la generosidad que ha mostrado históricamente hacia los inmigrantes. Para él, esta reforma es esencial para consolidar una nación «seria».
En cuanto a las estadísticas, un informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) reveló que, a finales de 2023, había 111.967 personas privadas de libertad en Argentina, de las cuales el 6% eran extranjeras, con una significativa representación de ciudadanos de países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Perú. Además, un informe del Ministerio Público Fiscal señaló que, dentro del Sistema Penitenciario Federal, hay 1.884 detenidos extranjeros, lo que representa el 16,1% de la población carcelaria federal. En la provincia de Buenos Aires, los extranjeros representan el 45% de la población carcelaria local.
La ministra Bullrich, quien fue responsable de la reforma migratoria implementada durante la presidencia de Mauricio Macri, también ha expresado su intención de revivir ciertos aspectos del DNU 70/2017. Este decreto fue derogado en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández, luego de una serie de acciones legales presentadas por organizaciones sociales y de derechos humanos. El decreto 70/17 fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que lo calificó como una restricción regresiva a los derechos humanos de los migrantes.
Uno de los principales puntos cuestionados fue la limitación de derechos fundamentales, en particular el plazo de tres días para presentar recursos administrativos y judiciales contra las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones. Además, se objetó la concentración de poder en Migraciones para decidir sobre la reunificación familiar, sin posibilidad de revisión judicial. Asimismo, el decreto fue criticado por asociar la migración con la criminalidad y el narcotráfico, utilizando el DNU para modificar la Ley de Migraciones, algo que los sectores opositores esperan usar como argumento contra la reforma actual.
En resumen, esta nueva reforma migratoria del Gobierno de Milei y Bullrich busca endurecer los requisitos para la residencia de extranjeros, aumentar la exigencia de pagos por servicios y ampliar las facultades para la expulsión de aquellos que cometan delitos, mientras se enfrenta a una serie de desafíos legales y políticos debido a la controversia que generan las medidas propuestas.