Tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Senadores, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno persistirá en su plan de privatizar Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales que quedaron fuera del proyecto durante las negociaciones en el Congreso.
Adorni, durante su habitual conferencia de prensa, afirmó: «Todas las empresas del Estado pueden ser privatizadas. Ya sea en esta etapa legislativa o más adelante, esa decisión recae en la Cámara de Diputados».
Durante las negociaciones para obtener los votos necesarios para la aprobación de la ley, el Gobierno acordó excluir a Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas públicas a privatizar. En su lugar, se añadieron el Correo Argentino y los medios públicos de Radio y Televisión Argentina (RTA).
El funcionario sostuvo que las empresas estatales, en su forma actual, no pueden seguir operando, y defendió la privatización como una medida para salvarlas, no para cerrarlas. «El ingreso de capitales privados a las empresas públicas es una manera de salvarlas», insistió, al tiempo que reveló que la Cámara de Diputados discutirá las modificaciones del proyecto durante la última semana de junio.
En otro momento de la conferencia, Adorni responsabilizó a «la izquierda y al kirchnerismo» por los disturbios ocurridos cerca del Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases, calificando el incidente violento como «un golpe de Estado del siglo XXI».
“Afuera del Congreso había terroristas que intentaban destruir la democracia, reclamando representar al pueblo sin haber sido votados por nadie», afirmó. Además, señaló que «31 delincuentes fueron detenidos, y organizaciones como MST, PTS, Barrios de Pie, y Evita pagarán por los daños que causaron”.
El vocero también destacó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, logró reprimir con fuerza y contundencia los disturbios en las calles, y señaló que la Policía de la Ciudad trabaja en identificar a los manifestantes que quemaron autos y causaron destrozos.
Finalmente, Adorni prometió que el Gobierno «irá hasta las últimas consecuencias», y aunque especificó que «la tipificación se está analizando», subrayó que la intención es que «todos reciban la pena máxima».