Horas antes de que se llevara a cabo el recital de Milo J en el predio de la ex ESMA, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, dispuso el retiro de una gigantografía que exhibía la icónica imagen del expresidente Néstor Kirchner ordenando la remoción del retrato de Jorge Rafael Videla en el Colegio Militar.

La fotografía retirada rememoraba un episodio trascendental ocurrido el 24 de marzo de 2004, cuando Kirchner, en su rol de presidente de la Nación, instruyó al entonces jefe del Ejército para que los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone fueran retirados de las instalaciones militares. Este hecho simbólico marcó un punto de inflexión en la política de derechos humanos en Argentina y formó parte del proceso que permitió la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Si bien la determinación de retirar la gigantografía no era reciente, sino que ya estaba tomada desde hacía tiempo, la ejecución de la orden tuvo lugar en la mañana del miércoles, en un contexto de creciente tensión entre las autoridades gubernamentales y los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. El clima de conflicto se había profundizado en las últimas semanas, debido a los múltiples despidos en la dependencia y a la conflictiva relación con los organismos de derechos humanos que, en conjunto con el Estado, administran el predio donde funcionó uno de los más oscuros centros clandestinos de detención del país.

La medida adoptada por el Gobierno generó un fuerte rechazo entre exfuncionarios, dirigentes sindicales y referentes de los derechos humanos. Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos, expresó su repudio y destacó que, más allá de intentos por eliminar símbolos, la historia no puede ser borrada. «Por más que se esfuercen, la memoria sigue intacta. Hoy son más de 1200 los condenados gracias a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por Néstor y Cristina Kirchner», afirmó.

Desde el ámbito sindical, el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, también se manifestó en contra de la decisión y apuntó directamente contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En su pronunciamiento, enfatizó que la resistencia frente a este tipo de medidas no cesará: «Aunque Cúneo Libarona insista en proscribir, despedir, ocultar y desaparecer, seguimos en pie. Borrar una imagen no hará desaparecer la memoria ni las convicciones de un pueblo que no olvida ni perdona. Néstor sigue presente en el sentir popular, en la resistencia y en la esperanza de un proyecto político inclusivo».

A su vez, Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura porteña, vinculó la decisión con la creciente presión que enfrenta el Gobierno ante las expresiones de descontento social. «El secretario de Derechos Humanos está cada vez más acorralado por la resistencia de los trabajadores y el respaldo de la ciudadanía. Eso lo lleva a tomar decisiones absurdas como esta», expresó. Asimismo, reafirmó que los intentos por modificar la memoria colectiva no alteran la realidad histórica: «Videla murió en prisión, condenado por crímenes aberrantes, repudiado por la sociedad argentina. Esa es la verdad».

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