El gobierno de Javier Milei, tras anunciar la eliminación de la jubilación y pensión de privilegio de Cristina Kirchner, está evaluando revisar entre 13 y 15 casos de asignaciones similares a otros expresidentes y vicepresidentes en el plazo de un mes. Aunque aún no se han revelado los nombres exactos de los implicados, se ha confirmado que el caso de Carlos Menem no será revisado, a pesar de que al momento de su fallecimiento, tenía una condena por corrupción, ratificada por la Cámara de Casación.
Un funcionario nacional destacó que, de haber estado vivo Menem, «estaría en la misma situación que Cristina Kirchner», pero aclaró que se trata de un «caso diferente». En cuanto a la situación de Amado Boudou, se espera que se resuelva en las próximas horas la revocación de su pensión, una medida que, según el gobierno, debería haberse implementado al inicio de la gestión de Milei.
Por otro lado, fuentes cercanas al despacho presidencial indicaron que la pensión de Zulema Yoma, la esposa de Menem, no será modificada, ya que ella es la beneficiaria de la pensión y no el propio Menem. De hecho, la relación cercana entre Milei y Menem se ha evidenciado con la reciente instalación de un busto del exmandatario en la Casa Rosada, y con la presencia de familiares de Menem en cargos relevantes en el gobierno actual.
En 2018, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Menem por el pago de sobresueldos en los años 90, junto a su exministro Domingo Cavallo. Sin embargo, desde la Casa Rosada se argumenta que la decisión de revocar la pensión a Cristina Kirchner no busca sancionar a nadie en particular, sino garantizar una medida ejemplar. La situación de Cristina se considera diferente, ya que su condena es definitiva, y el gobierno sostiene que la revocación de su pensión tiene base en la sentencia judicial definitiva, que no permite más apelaciones ordinarias.
Además, se mencionó que, en caso de que Cristina Kirchner presente un recurso ante la Corte Suprema, el gobierno tiene preparada una defensa jurídica, que se sustenta en el artículo 29 de la Ley 24.018, que establece que los beneficios vitalicios no corresponden a quienes hayan sido removidos por mal desempeño tras un juicio político o sumario. Finalmente, se subrayó que las asignaciones especiales no son una jubilación en el sentido tradicional, sino un beneficio otorgado por el Congreso, que no requiere aportes previos, y que, en el caso de Kirchner, su pensión se consideraba un privilegio más que un derecho contributivo.