El Gobierno transfirió a provincias y municipios programas de viviendas que fueron derogadas

El gobierno de Javier Milei avanzó este martes en una profunda reestructuración de los programas de vivienda y hábitat, derogando varias iniciativas previamente implementadas por los ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y de Obras Públicas. La medida, que se inscribe dentro de la política de reducción de la estructura estatal planteada desde el inicio de la gestión, incluye el traspaso de programas de vivienda a provincias y municipios, para que estas jurisdicciones se hagan cargo de obras que no se completaron. Esta disposición se formalizó mediante la Resolución 1199 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa establece nuevos lineamientos para la gestión de convenios de obras en curso y deroga diversos programas de vivienda y hábitat implementados por administraciones anteriores, argumentando la necesidad de eficiencia en el sector público. Asimismo, la medida se enmarca en la emergencia pública declarada en distintas materias, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Entre los programas derogados se incluyen “Argentina Construye”, “Casa Propia – Construir Futuro” y el “Plan Nacional de Suelo Urbano”, así como varios subprogramas vinculados, reflejando una amplia reestructuración de la política habitacional nacional.

La resolución faculta a la Secretaría de Obras Públicas para gestionar los posibles incumplimientos y transfiere a las entidades provinciales y municipales la responsabilidad financiera de concluir las obras en curso. Se prevé que los fondos previamente comprometidos por el Estado nacional puedan ser recuperados bajo ciertas condiciones, garantizando que los recursos ya invertidos sean reconocidos, mientras que las autoridades locales podrán finalizar los proyectos.

Federico Sturzenegger, ministro de Modernización, destacó que la medida “destraba un sinnúmero de transferencias de obras a provincias y municipios, en particular aquellas que habían quedado inconclusas del plan Procrear” y precisó que “la resolución establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras”.

La resolución también redefine la responsabilidad financiera de provincias y municipios. Si no hay incumplimiento por su parte, los gobiernos locales podrán asumir el financiamiento de las obras pendientes. En caso de que exista un sistema de recupero de fondos regulado por la normativa del programa, los recursos invertidos se podrán compensar con los montos a recuperar o pendientes de devolución al Estado nacional. Si los fondos pendientes son inferiores a los recuperables, la jurisdicción deberá implementar el mecanismo de recuperación correspondiente.

Entre los programas suprimidos se encuentran el Programa Federal Argentina Construye y su variante solidaria, el Subprograma Habitar la Emergencia, el Plan Nacional de Suelo Urbano y sus iniciativas complementarias, el Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda, el Programa Casa Propia – Construir Futuro y varios subprogramas asociados, el Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial, el Programa Reconstruir de Finalización de Viviendas, la Regularización Dominial y el Plan Argentina Hace junto con su normativa original.

Según el texto oficial, firmado por el ministro de Economía Luis Caputo, estas acciones se justifican porque los programas no cumplían con los criterios de eficiencia necesarios en el contexto actual, buscando un uso más racional de los recursos públicos y una mayor autonomía de los gobiernos subnacionales en la gestión de las obras.

En síntesis, la administración de Milei consolidó un traspaso de responsabilidades de nivel nacional a provincial y municipal, con mecanismos claros para finalizar obras pendientes y recuperar fondos invertidos, en el marco de una política que prioriza la eficiencia y la reducción de la estructura estatal.