El pasado jueves 17 de noviembre, el Gobierno tomó una importante decisión al anunciar la suspensión de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner, así como la pensión que percibía por Néstor Kirchner, su difunto esposo. La medida fue implementada por la ANSeS, que también resolvió lo mismo con respecto al beneficio de Amado Boudou, el cual será oficializado el próximo martes. Esta decisión se enmarca dentro de un endurecimiento de la postura del Gobierno contra el kirchnerismo, en un contexto de creciente presión política.
Mariano de los Heros, director ejecutivo de la ANSeS, explicó los motivos de esta suspensión, detallando que la asignación de Cristina Kirchner no solo incluía el monto habitual, sino que además contaba con un suplemento especial por zona austral, dado que la exmandataria había declarado su domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz. Este suplemento ascendía a $6.354.523, lo que, sumado a su pensión, totalizaba una cifra de $35.255.257,72.
De los Heros puntualizó que el concepto de asignación graciable, el cual recibe tanto expresidentes como exvicepresidentes, se basa en el reconocimiento de la dignidad de la investidura de estos cargos. No obstante, este beneficio no está relacionado con los aportes previsionales, lo que lo convierte en una asignación no retributiva. El funcionario destacó que los derechos asociados a esta asignación son condicionales, y en el caso de Cristina Kirchner, la condena por corrupción en la causa Vialidad habría puesto fin a las condiciones que justificaban el beneficio.
El director de la ANSeS remarcó que la medida es legalmente válida, y aunque se podría presentar un recurso extraordinario, señaló que este no afectaría la decisión ya que, como ha expresado la Corte, dicho recurso no constituye una nueva instancia judicial. De los Heros también comparó el monto que percibía Kirchner con lo que recibe un jubilado promedio, destacando la inequidad de la situación. La cifra que ella cobraba equivalía a 139 jubilaciones mínimas, 388 Asignaciones Universales por Hijo o 21 jubilaciones máximas, lo cual, según el funcionario, representaba una «inequidad absoluta».
La decisión también se da en un contexto social y político marcado por la crítica a los privilegios que reciben los exfuncionarios públicos. De los Heros subrayó que la medida forma parte de un esfuerzo más amplio por erradicar lo que calificó como «prácticas inmorales». En este sentido, el presidente renunció a la asignación de privilegio desde su asunción, lo que marca un cambio de postura frente a las percepciones sobre estos beneficios.
En cuanto a la posibilidad de revisión judicial, el funcionario expresó su confianza en que los fundamentos de la medida serán avalados por la Justicia, señalando un «cambio cultural» que está ocurriendo en el ámbito judicial. Esta medida también sienta un precedente para futuros casos, aunque De los Heros aclaró que no se trata de una renuncia a revisar otras situaciones similares, sino que cada caso se analizará de manera individual.
La decisión se produjo poco después de la confirmación de la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner, dictada por la Cámara Federal de Casación Penal. La condena está vinculada con una serie de irregularidades en la adjudicación de obra pública a favor de Lázaro Báez, empresario cercano al kirchnerismo, en la provincia de Santa Cruz. Esta suspensión de beneficios forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para revisar los privilegios de figuras políticas relacionadas con actos de corrupción.