El presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Miguel Chaiben Terraf, presentó formalmente una denuncia contra la intendenta Rossana Chahla y el fiscal municipal Conrado Mosqueira, acusándolos de incumplir los deberes propios de sus cargos como funcionarios públicos. La denuncia se centra en la presunta inacción de ambos frente a la presencia de carteles en la vía pública que contenían mensajes difamatorios dirigidos al propio Terraf.
En su presentación, Terraf detalló que se habían colocado “carteles injuriosos, calumniosos, atentatorios contra mi dignidad, la del Tribunal de Cuentas y la de mi familia” en distintos puntos de la ciudad. A pesar de haber solicitado formalmente su retiro, ni Chahla ni Mosqueira tomaron medidas para removerlos, aun estando plenamente informados de la situación y habiendo recibido notificaciones al respecto.
El titular del Tribunal explicó que se enviaron notas a la intendenta el 31 de octubre y el 7 de noviembre del año pasado, además de una carta documento insistiendo en que se procediera a la remoción de los afiches. Aunque Mosqueira respondió a las comunicaciones, los carteles continuaron en la vía pública.
Chaiben Terraf argumenta que tanto la intendenta como el fiscal municipal habrían incurrido en el delito de omisión de los deberes de funcionario público, conforme al artículo 249 del Código Penal. La denuncia hace referencia a la ordenanza N° 2114, que establece que la colocación de elementos fijos o móviles en la vía pública requiere autorización de la autoridad competente; a la ordenanza N° 4728, que prohíbe que los soportes publicitarios sean contrarios a la ley, afecten la moral o las buenas costumbres o tengan carácter discriminatorio; y a la N° 3614, que obliga al Departamento Ejecutivo a remover cualquier cartel que infrinja estas normas.
En resumen, la denuncia sostiene que la falta de acción por parte de Chahla y Mosqueira frente a la cartelería difamatoria constituye un incumplimiento grave de sus obligaciones legales como funcionarios, dejando a la vista la supuesta negligencia en la protección de la integridad y reputación del presidente del Tribunal de Cuentas y su familia.