El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien recientemente dispuso la prohibición de difundir audios atribuidos a Karina Milei, atraviesa un complejo escenario judicial y disciplinario. Actualmente acumula nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, de las cuales cinco corresponden a acusaciones de acoso sexual realizadas por trabajadoras de su propio juzgado. La semana pasada fue notificado formalmente de los cargos y, según marca la normativa vigente, cuenta con veinte días de plazo para presentar una defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo, presidida por el abogado César Grau.
El cúmulo de denuncias motivó que, ya desde septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) reclamara presencia policial permanente en el juzgado de Maraniello para garantizar la integridad psíquica y física de los empleados. El gremio celebró en ese momento que se hubiera conseguido una consigna de seguridad durante la jornada laboral, subrayando la gravedad del caso.
Las acusaciones contra el magistrado son variadas y van desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos estatales. Una de las denunciantes relató que, a tan solo una semana de haber comenzado sus tareas en el juzgado, el juez la convocó fuera del horario laboral. Temiendo perder su empleo, acudió al encuentro, donde afirmó haber sido víctima de besos y tocamientos sin consentimiento, y finalmente se vio forzada a mantener relaciones sexuales para terminar con el hostigamiento.
Otro de los testimonios detalló que Maraniello enviaba mensajes a través de redes sociales, hacía comentarios reiterados sobre la ropa de la empleada y ejercía maltrato laboral cuando recibía negativas a sus pedidos. La víctima explicó que soportó acercamientos físicos no deseados y frases impropias de manera persistente. Según trascendió en Infobae, la trabajadora sufrió episodios de depresión, requirió medicación para sobrellevar la situación, atravesó pensamientos suicidas y terminó realizando una denuncia formal ante la Unidad de Bienestar Laboral.
Si bien la denunciante aclaró que no pretendía avanzar en una causa penal, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres tomó intervención, bajo la fiscal Mariana Labozzetta, quien advirtió que los hechos podrían configurar delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial del acusado. En consecuencia, el caso pasó al despacho de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli.
En paralelo, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura continúa reuniendo pruebas y testimonios para evaluar posibles sanciones administrativas. Si la gravedad de los hechos lo amerita, el proceso podría escalar a la Comisión de Acusación, órgano que tiene la facultad de solicitar la remoción del juez.
Los expedientes que rodean a Maraniello incluyen cargos por acoso sexual y laboral, abuso de poder, maltrato hacia subordinados y violaciones al reglamento interno judicial. Varios de ellos fueron derivados por la Cámara Contencioso Administrativa y por la propia Oficina de Bienestar, aunque permanecen bajo estricta reserva.
El sindicato judicial destacó que, a medida que se avanza con las entrevistas a empleados y ex empleados, siguen apareciendo nuevos testimonios. Uno de ellos reveló la situación de vulnerabilidad de una trabajadora que dependía del empleo interino para sostener sus estudios, siendo la primera universitaria de su familia.
La crisis en torno al magistrado se produce en simultáneo con el escándalo por la filtración de audios de Karina Milei, caso en el que él mismo intervino con una resolución para impedir su difusión. La prohibición se dio en el marco de una denuncia presentada por el Gobierno nacional a raíz de la publicación de grabaciones obtenidas de forma ilegal dentro de la Casa Rosada.
La denuncia, formalizada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, calificó el episodio como una “operación de inteligencia no institucional” con fines desestabilizadores. Según la presentación judicial, el objetivo de la maniobra habría sido golpear al Ejecutivo y afectar el proceso electoral. Por ese motivo, el expediente quedó bajo el control del Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini.
La administración de Milei insistió en que la difusión de los audios respondió a un “momento estratégico”, ya que coincidió con una etapa crucial de la campaña en la provincia de Buenos Aires y con la proximidad de las elecciones nacionales. El Gobierno interpretó esa sincronía como parte de una operación de desinformación destinada a influir en los votantes y denunció que se trató de un hecho “sin precedentes en la historia política argentina”.
En el marco de la investigación, además de ordenar la suspensión inmediata de la difusión de las grabaciones, Maraniello también dispuso el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se habían emitido los audios, y apuntó a los responsables de la publicación, así como a personas del entorno de la diputada Marcela Pagano.
En el oficialismo existe una fuerte preocupación por el impacto de esta crisis en su propia base política. Según fuentes del Ejecutivo, la revelación de los audios afectó la motivación de la militancia y podría profundizar la crisis interna si los resultados electorales no son favorables. La filtración, aseguran, forma parte de una estrategia opositora para deteriorar la imagen del Gobierno en medio de un contexto económico complejo y de tensiones internas que ya venían debilitando la gestión.