La Fundación Pensar, usina de ideas vinculada al PRO, difundió un extenso informe bajo el título “Juego de gemelas: el presupuesto nacional como puente entre el Gobierno y el Congreso”. En ese trabajo se plantea una fuerte advertencia sobre la estrategia de la administración libertaria, señalando que el uso reiterado del veto presidencial se ha transformado en una herramienta casi rutinaria, empleada de manera defensiva. Según el análisis, esta práctica se convierte en un atajo que, lejos de solucionar conflictos, pone en evidencia el fracaso del diálogo institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y la incapacidad del oficialismo para construir consensos parlamentarios que frenen la aprobación de leyes contrarias a su programa político.
El documento no escatima en críticas y sostiene que cada vez que se aplica un veto, queda un sector social en situación de perjuicio. De acuerdo con la descripción de Pensar, los afectados no son abstractos, sino grupos concretos: “Jubilados, discapacitados, estudiantes universitarios, médicos del Garrahan, inundados de Bahía Blanca, gobernadores o el beneficiario de turno. Detrás de cada veto hay un sector que sintió que tenía un derecho que el Congreso le reconoció y el Gobierno le niega”. Para la fundación, esta dinámica va desgastando apoyos y deja al descubierto “la falta de acuerdo de un rumbo común como país”, lo que debilita la gobernabilidad.
Otro eje central de la crítica apunta a la falta de un presupuesto nacional vigente. El informe sostiene que “hoy no hay dudas que el Gobierno está afrontando las consecuencias de haber evitado la sanción de un presupuesto que ordenara las prioridades del gasto”. En esa línea, advierte que sin esa herramienta fundamental resulta imposible exigir al Parlamento el cumplimiento estricto de la Ley de Administración Financiera, lo cual genera desorden y mayores dificultades en la planificación del Estado.
El texto también dedica un apartado a remarcar que en un sistema republicano no existen atajos ni fórmulas mágicas para esquivar al Congreso, dado que la división de poderes es un principio ineludible. Por ese motivo, insta al Ejecutivo a aprovechar septiembre para encauzar el debate parlamentario a través del envío del Presupuesto 2026, definido como la pieza clave para ordenar las prioridades del gasto público. “El presupuesto nacional es ni más ni menos que la principal institución que regula el acuerdo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo sobre las prioridades del gasto”, subrayó la fundación, colocando a esa herramienta como puente indispensable entre ambos poderes del Estado.
En su cierre, Pensar enfatiza que, incluso con la actual correlación de fuerzas en el Congreso, existe la posibilidad de construir una mayoría legislativa que respalde la disciplina fiscal, siempre y cuando el oficialismo trabaje en la reconstrucción de consensos, del mismo modo en que sucedió con el tratamiento de la Ley Bases, que requirió negociaciones extensas y discusiones profundas.
Finalmente, el informe concluye con una definición de fuerte tono político y económico: “Un Presupuesto sin déficit fiscal será una señal de enorme fortaleza para cualquier programa económico. Si queremos que el cambio genere confianza y la confianza el desarrollo de nuestro país que todos anhelamos”. Con esta frase, la fundación sintetiza que la credibilidad y el futuro crecimiento de la Argentina dependen de la capacidad del Gobierno para mostrar responsabilidad fiscal y encarar un diálogo político serio con el Congreso.
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