El oficialismo nacional encabezado por Javier Milei volvió a enfrentar un duro traspié en el Congreso de la Nación. En la sesión de este jueves, el Senado resolvió desestimar los vetos presidenciales aplicados a dos leyes de gran relevancia social: la que declara la emergencia pediátrica en el sistema de salud y la que garantiza un esquema de financiamiento estable para las universidades públicas del país.
Si bien ambos vetos fueron analizados en conjunto dentro del recinto, la votación se llevó adelante de manera diferenciada. En primer término, la ley de emergencia pediátrica logró una mayoría amplia con 59 votos a favor de rechazar el veto, frente a solo siete pronunciamientos en contra y tres abstenciones, estas últimas pertenecientes a los senadores Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala. De forma similar, aunque con una leve variación, la norma vinculada a las universidades consiguió 58 votos afirmativos, siete negativos y cuatro abstenciones: a las tres del PRO se sumó la de la radical Carolina Losada.
El proyecto universitario que fue defendido en el recinto plantea una serie de medidas orientadas a garantizar previsibilidad presupuestaria en un contexto de elevada inflación. Entre sus disposiciones centrales se establece la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, hospitales universitarios y programas de ciencia y tecnología, tomando como referencia la evolución del índice de precios al consumidor (IPC). Esta actualización sería bimestral y tendría carácter retroactivo al año 2024. Asimismo, la norma contempla un incremento salarial inmediato del 40,8% para el personal docente y no docente, acompañado de paritarias con frecuencia trimestral y ajustes mensuales indexados por inflación. Junto con ello, se dispone la recomposición de becas estudiantiles y el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). Según las estimaciones elaboradas por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de este esquema representaría para el año 2025 un costo fiscal cercano a los 1,9 billones de pesos, equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno.
Por otro lado, la ley de emergencia pediátrica busca dar respuesta a las dificultades críticas que atraviesa el área de salud infantil. El texto aprobado por el Senado contempla una recomposición de los salarios para todo el personal del sector, la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre las guardias médicas y las horas extras, y la habilitación de compras directas de insumos considerados esenciales. Además, la iniciativa garantiza que el financiamiento provenga de fondos de contingencia y de reservas nacionales, evitando así los retrasos burocráticos que suelen obstaculizar la llegada de recursos. Entre sus medidas más destacadas se encuentra también el refuerzo del sistema de residencias médicas, un reclamo histórico de quienes se desempeñan en pediatría y áreas vinculadas a la atención de niños y adolescentes.
Con este resultado, el Gobierno de Javier Milei no solo vio caer dos de los vetos que había impulsado, sino que también quedó en evidencia la capacidad de articulación entre bloques opositores y sectores independientes, que lograron consolidar mayorías suficientes para limitar la estrategia del Ejecutivo en temas de alto impacto social.