En el contexto de las controversias que han surgido en torno al municipio de Banda del Río Salí, debido a supuestas irregularidades en las operaciones realizadas con “cheques por ventanilla” entre enero de 2023 y junio de 2024, el intendente Gonzalo Monteros se presentó en conferencia de prensa para aclarar la situación. Durante su intervención, Monteros negó cualquier vinculación con la compra de Dólar MEP y se defendió ante las acusaciones, asegurando que su gestión es completamente transparente y que posee toda la documentación pertinente sobre el manejo de los fondos, los cuales fueron destinados a sueldos y obras. Además, subrayó que es incorrecto calificar lo ocurrido como un “desfalco”.
Monteros comenzó su discurso explicando que hasta el momento no han recibido ninguna notificación, ya sea formal o informal, de alguna investigación judicial o administrativa. Reiteró que no hay conocimiento sobre informes provenientes de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), ni de fiscales que sugieran una conducta indebida por parte del intendente o cualquier otro funcionario del municipio. El intendente dejó claro que el municipio de Banda del Río Salí no está siendo investigado oficialmente en relación a las acusaciones de mal manejo de fondos públicos.
La polémica surge luego de que la UIF denunciara que en varios municipios del país se habían realizado extracciones significativas de dinero en efectivo sin justificación económica, mientras que al mismo tiempo, fondos fueron transferidos a cuentas privadas de empleados públicos, quienes, en algunos casos, utilizaron esos depósitos para la compra de dólar MEP. En respuesta, Monteros denunció lo que él considera una campaña mediática que busca dañar su imagen, así como la de su padre, Darío Monteros, quien es el Ministro del Interior de Tucumán, y la del gobernador Osvaldo Jaldo. Según el intendente, no existe ningún expediente judicial abierto en su contra, y vinculó las acusaciones con una estrategia de los opositores al gobernador Jaldo en el contexto electoral del año.
El intendente defendió la gestión del municipio, explicando que las extracciones de dinero realizadas fueron para cumplir con el pago de los salarios de los empleados no bancarizados y para financiar programas de asistencia social. Insistió en que el municipio tiene toda la documentación necesaria para probar que los fondos fueron utilizados adecuadamente, y aseguró que si la Justicia lo requiere, podrán presentar esa información sin problemas. Monteros subrayó que estos fondos fueron exclusivamente destinados a pagar sueldos y a la gestión pública, aclarando que no hay evidencia de malversación de los recursos.
Por otro lado, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por entidades bancarias señalaron una posible malversación de fondos por una suma que ascendería a los 17.000 millones de pesos en el municipio en los últimos dos años y medio. Sin embargo, Monteros reiteró que su gestión ha tomado medidas transparentes, y destacó que las extracciones realizadas desde el municipio fueron depositadas en Tesorería y utilizadas conforme a lo que ya había explicado. Además, destacó su compromiso con los principios que le inculcaron sus abuelos, indicando que ha seguido siempre el «camino correcto» y que no permitirá que estos ataques afecten su labor. Monteros también resaltó que este año se enfocará en lograr más avances, manteniendo la transparencia en la gestión pública.
En resumen, el intendente de Banda del Río Salí negó las acusaciones de corrupción, defendió la legalidad de las operaciones y aseguró que su gestión está basada en la transparencia, respaldada por la documentación que, según él, está disponible para la Justicia si así lo requiere.