Escándalo por posible uso indebido de fondos en Banda el Río Salí: «No hay ninguna notificación oficial al respecto»

La legisladora Carolina Vargas Aignasse se pronunció este miércoles sobre el informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), el cual menciona a la provincia de Tucumán. En su declaración, descartó de manera categórica que exista alguna imputación formal derivada de este documento. «No hemos sido notificados, no hay imputaciones. Esto está en la Justicia Federal y es importante poner razonabilidad ante lo que se ha dicho desde la oposición y desde el ámbito mediático», expresó en una entrevista con el diario La Gaceta.

La legisladora explicó que el tema adquirió gran notoriedad pública a raíz de una publicación realizada en un medio nacional con sede en Buenos Aires. Esto desató un amplio debate político y mediático, aunque, según subrayó Vargas Aignasse, la realidad es que no se ha recibido ninguna notificación oficial sobre el asunto. «Se habló mucho, pero lo cierto es que no hay ninguna notificación oficial al respecto. El gobernador Osvaldo Jaldo ha sido muy claro: no hay una asignación de delito ni personas imputadas. Se trata de un informe preliminar de un organismo nacional que recibe reportes de los bancos, como lo exige la ley, cuando una operatoria llama la atención», detalló la legisladora, aludiendo al proceso mediante el cual la UIF recopila información financiera.

En sus declaraciones, también hizo hincapié en que este informe no se limita únicamente a la provincia de Tucumán, sino que menciona a otras dos jurisdicciones del país. Sin embargo, cuestionó que la discusión pública y mediática se haya enfocado exclusivamente en un municipio tucumano. «Es lógico que el intendente de Banda del Río Salí, el anterior intendente y el gobernador estén preocupados por esclarecer la situación», manifestó, dejando en claro que la prioridad de las autoridades locales es despejar cualquier duda respecto del tema.

La controversia política y la postura de la oposición

En relación con la reacción que generó el informe en sectores opositores, Vargas Aignasse criticó duramente la manera en que este tema fue utilizado con fines políticos. Según su perspectiva, ciertos actores de la oposición han intentado sacar provecho de la situación, pese a la falta de elementos concretos que respalden sus acusaciones. «Se ha hablado de delitos sin que haya ninguna evidencia en el informe preliminar. La oposición ha aprovechado este tema para reactivarse, haciendo pedidos de explicaciones sin fundamento», afirmó, en referencia a los reclamos formulados por dirigentes opositores.

Además, se refirió a la iniciativa de algunos legisladores de convocar al intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, para que brinde explicaciones ante la Legislatura provincial. Sobre este punto, enfatizó que dicha solicitud no tiene sustento en la normativa vigente, dado que la Legislatura no cuenta con facultades para citar a intendentes a rendir cuentas. «La Legislatura no tiene competencia para hacer comparecer a intendentes. Los municipios son autónomos y tienen su propio Concejo Deliberante. Si siguiéramos esa lógica, podríamos citar a cualquier intendente por cualquier situación, lo que sería un sinsentido», sostuvo, defendiendo la autonomía de los gobiernos municipales en la toma de decisiones.

Repercusiones en la gestión provincial

Respecto a las implicancias que este episodio podría tener en la administración de la provincia, Vargas Aignasse respaldó el rol del gobernador Osvaldo Jaldo y su manera de gestionar las políticas públicas. Consideró que su estilo de liderazgo, caracterizado por la toma de decisiones firmes, ha generado resistencia en determinados sectores, lo que explicaría, en parte, la utilización política de este informe. «Su firmeza en la toma de decisiones ha generado resistencia en algunos sectores. Estamos en un año electoral y este tipo de informaciones aparecen con frecuencia», argumentó, insinuando que la difusión de este tipo de noticias suele intensificarse en períodos de competencia electoral.

Inicio del año legislativo y agenda parlamentaria

Por otro lado, la legisladora se refirió a la proximidad del inicio del año legislativo, destacando que será una oportunidad para reafirmar las prioridades del gobierno provincial. En este sentido, aseguró que la apertura de sesiones marcará el rumbo de la gestión en áreas clave para la provincia. «La apertura de sesiones será una oportunidad para reafirmar el rumbo de la gestión, con un enfoque en la paz social, el orden y el desarrollo productivo de la provincia», señaló.

Reforma electoral y modificaciones al sistema político

Otro de los temas en los que Vargas Aignasse hizo énfasis fue la reforma del sistema electoral, particularmente en lo que respecta a la eliminación del mecanismo de acoples. Sobre este punto, explicó que para suprimir este sistema es necesaria una reforma constitucional, un proceso que requiere consensos y discusiones legislativas. «Se requiere una reforma constitucional para eliminar el sistema de acoples», afirmó, dejando en claro que el debate continúa dentro del ámbito parlamentario.

Asimismo, mencionó que ya se han llevado a cabo varias rondas de diálogo con representantes de la oposición y que existen propuestas concretas tanto de legisladores oficialistas como opositores. Se prevé que el tratamiento de la reforma electoral, así como la organización de los partidos políticos, sea abordado en el transcurso de los meses de marzo o abril. «Se han realizado rondas de conversación con la oposición y se han presentado proyectos tanto desde el oficialismo como desde la oposición. En marzo o abril se discutirá el sistema electoral y la conformación de los partidos políticos», precisó.

Desarrollo de la industria audiovisual y financiamiento de la Ley de Cine

Por último, Vargas Aignasse se refirió al impulso de la industria audiovisual en la provincia y al financiamiento de la Ley de Cine, una herramienta clave para fomentar la producción local. Destacó la importancia de generar incentivos para este sector, no solo por su valor cultural, sino también por el impacto económico positivo que puede tener en la provincia. «Es fundamental el incentivo a este sector, que genera empleo y dinamiza la economía local», subrayó.

En relación con el financiamiento de la ley, indicó que se está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Economía para definir los mecanismos que permitan garantizar su sostenibilidad. En este sentido, enfatizó la relevancia de la industria cinematográfica como un motor de desarrollo para diversas actividades dentro de Tucumán. «Estamos trabajando junto con el Ministerio de Economía para definir el fondeo de la ley, considerando el impacto que tiene en diversas actividades», concluyó.