La fiscalía ha solicitado formalmente a la Corte Suprema que condene a la expresidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita, en el marco de la causa Vialidad. Este pedido fue realizado por el fiscal general Mario Villar, quien presentó una apelación contra la resolución de la Cámara de Casación Penal, la cual había ratificado la condena previa a Kirchner por el direccionamiento de obras públicas a favor de empresarios vinculados al kirchnerismo. Según Villar, la sentencia de Casación «repite lo que dijo» el Tribunal Oral Federal N°2, sin abordar las críticas planteadas por la fiscalía, lo que, en su opinión, justifica la intervención de la Corte Suprema.
En 2023, la Cámara de Casación había confirmado la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras encontrarla culpable de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública». Sin embargo, los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, por mayoría, rechazaron la solicitud de la fiscalía de aplicar la figura de asociación ilícita en el caso. Esta decisión fue cuestionada por Villar, quien argumentó que la asociación ilícita no requiere la ejecución de los hechos planificados, sino que castiga la membresía o participación en una estructura delictiva.
En su apelación, el fiscal general destacó que la sentencia de Casación no responde a los argumentos presentados por la fiscalía, lo que considera una arbitrariedad. Además, criticó la absolución de otros imputados en la causa, como Lázaro Báez, Julio de Vido, Julio López y Nelson Periotti, por el mismo delito de asociación ilícita. Villar sostuvo que estos individuos, junto al fallecido expresidente Néstor Kirchner, formaron parte de una «matriz de corrupción» que operó durante más de 12 años, con roles definidos dentro y fuera del Estado, con el objetivo de desviar fondos públicos de manera sistemática.
Según el fiscal, no se trató simplemente de «irregularidades en algunas licitaciones», sino de una estructura jerarquizada y organizada para cometer delitos de manera sostenida. Villar afirmó que se probó suficientemente que los acusados «se agruparon para cometer delitos, prepararon las condiciones y los ejecutaron a lo largo de 12 años», con aportes tanto del sector público como del privado. En este sentido, mencionó que la asociación ilícita, tipificada en el artículo 210 del Código Penal, se aplica comúnmente en casos de tráfico de drogas, trata de personas, robos en banda y delitos de lesa humanidad, pero no suele aplicarse a políticos, lo que consideró una inconsistencia en el sistema judicial.
Villar también criticó las declaraciones de algunos políticos y funcionarios que se manifestaron en contra de la aplicación de este tipo penal antes de que se emitiera la sentencia. Para el fiscal, este caso requiere una respuesta más profunda que una mera repetición de la sentencia de instancia, sin considerar los argumentos presentados por la fiscalía. En resumen, Villar insistió en que la Corte Suprema debe intervenir para corregir lo que considera una omisión grave en la resolución de Casación y aplicar la figura de asociación ilícita, lo que elevaría la condena de Cristina Kirchner a 12 años de prisión. Este caso sigue siendo uno de los más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en Argentina, generando un intenso debate sobre la justicia y la impunidad en el ámbito político.