La Cámara Federal de Buenos Aires ha comenzado a revisar el fallo que procesó a Ginés González García, exministro de Salud del primer mandato de Alberto Fernández, por el caso conocido como “Vacunatorio VIP”, un escándalo que precipitó su renuncia en los primeros meses de 2021, en medio de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19. En la audiencia reciente ante los jueces, la defensa del exfuncionario insistió en que no se cometió ningún delito y aseguró que no existió ningún «vacunatorio VIP». Además, reclamaron que se revoque el embargo de 130 millones de pesos impuesto en el fallo.
La defensa, representada por los abogados Martín Arias Duval y Federico Horacio Ramos, calificó como «contradictoria» la resolución emitida por la jueza María Eugenia Capuchetti y cuestionó las acusaciones de peculado de bienes y abuso de autoridad, que fundamentan el procesamiento. Argumentaron que, para febrero de 2021, más de 8.000 personas fuera del personal de salud ya habían sido vacunadas, en un contexto en el que el país recibía alrededor de 1.5 millones de dosis y la gran mayoría de los médicos ya había recibido al menos la primera vacuna.
Durante la audiencia, Arias Duval resaltó ante los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi que los juicios políticos ya se habían llevado a cabo, refiriéndose a las críticas hacia González García y el gobierno de Alberto Fernández, y afirmó que la defensa solicitaba una resolución legal, sin juicios de valor ético o moral. Subrayó que no existió tal cosa como un «vacunatorio VIP».
Uno de los puntos de mayor crítica por parte de la defensa fue el embargo de 130 millones de pesos. Según los abogados, la cantidad impuesta era exagerada y carente de justificación, calculando que, dado el número de vacunas presuntamente involucradas, el valor total apenas alcanzaría los 135.000 pesos, incluyendo las tasas judiciales. Señalaron que fue el propio González García quien emitió la resolución cuya violación se le atribuye, haciendo hincapié en la falta de lógica detrás del procesamiento.
En el caso del subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa, la defensa también rechazó su procesamiento, argumentando que fue González García quien le ordenó la vacunación de la familia del expresidente Eduardo Duhalde, y que Costa no tenía forma de saber que esa orden podía ser ilegal. Añadieron que Duhalde tenía 79 años en ese momento y que, en cualquier caso, no había más personas a quienes administrar las dosis sobrantes.
Marcelo Ariel Guille, secretario privado del exministro, también solicitó su sobreseimiento, con su abogado defendiendo que Guille sólo había hecho llamadas telefónicas siguiendo órdenes de su jefe y no había tenido un rol activo en la vacunación. Enfatizó que Guille ni siquiera conocía a la mayoría de los vacunados, salvo a un familiar suyo que estaba presente casualmente el día de la vacunación.
Entre los vacunados que recibieron las dosis fuera del cronograma establecido figuraban personajes como Horacio Verbitsky, Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés, Florencio Aldrey y varios miembros de la familia Duhalde, entre otros. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido citado a dar explicaciones, según se quejó la defensa durante la audiencia.
La jefa de medicina preventiva del Hospital Posadas, María Elena Borda, también procesada en la causa, estuvo presente en la audiencia y defendió su actuación, subrayando que no tenía vínculos políticos y que su única intención siempre había sido atender la crisis sanitaria derivada de la pandemia.
Este caso comenzó cuando el periodista Horacio Verbitsky reveló en una entrevista radial que había sido vacunado en febrero de 2021 en el Ministerio de Salud tras una llamada de González García. En ese momento, las vacunas aún no estaban disponibles para la población general, y el Ministerio de Salud había determinado un esquema de prioridades que incluía al personal de salud, a los mayores y a lo que se denominó “personal estratégico”, una categoría algo ambigua que incluyó a varios funcionarios.
En marzo de 2021, el fiscal Taiano amplió la causa para incluir a otros funcionarios del Ministerio de Salud, entre ellos Lisandro Bonelli, sobrino de González García, Alejandro Collia y Marcelo Guille. En el curso de la investigación, el director del Hospital Posadas declaró como testigo, afirmando que recibió instrucciones para vacunar a ciertos individuos sin seguir el protocolo, lo que generó tensiones entre los empleados del hospital, motivo por el cual se decidió trasladar el proceso de vacunación al Ministerio.
Aunque en julio de 2021 la jueza Capuchetti archivó parcialmente la causa argumentando que no existía un delito específico para la conducta imputada, el fiscal Sergio Rodríguez apeló la decisión, resaltando que las vacunas eran un recurso limitado y que el Estado tenía la responsabilidad de administrarlas adecuadamente. Así, se reabrió la investigación para determinar la responsabilidad de los funcionarios que permitieron la vacunación de personas fuera de los grupos prioritarios tanto en el Ministerio de Salud como en el Hospital Posadas, y también para esclarecer lo ocurrido con las dosis asignadas a El Calafate.
En mayo de 2023, las indagatorias solicitadas por la fiscalía llevaron a los procesamientos de González García, Costa, Guille, Maceira y Borda, mientras que otros funcionarios recibieron faltas de mérito. Según la jueza Capuchetti, las dosis asignadas al Hospital Posadas debían destinarse únicamente al personal de salud y, en algunos casos excepcionales, a personal estratégico cuya labor fuera esencial, lo que no se cumplió en el caso de los vacunados VIP.