Gobierno desmiente que la SIDE vigile a opositores y periodistas tras filtración de documento secreto

El domingo pasado, el diario La Nación dio a conocer un documento supuestamente secreto perteneciente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en el que se sugería que se podrían realizar tareas de espionaje interno dirigidas a personas que intenten «erosionar» la confianza pública en los funcionarios o generar una «pérdida de confianza» en las políticas económicas del actual Gobierno. Frente a esta revelación, desde la Oficina del Presidente reconocieron la existencia del documento, pero rechazaron categóricamente que sus objetivos sean de carácter persecutorio.

En un comunicado oficial emitido el mismo domingo por la tarde, el Gobierno afirmó que su administración es «el primer gobierno en décadas que ha decidido políticamente no utilizar a la SIDE para perseguir a opositores, periodistas o adversarios políticos». Además, destacaron que el presidente Javier Milei ha ordenado la reconstrucción del Sistema de Inteligencia Nacional, un organismo que, según dijeron, había sido destruido por administraciones anteriores que abusaron de sus recursos para resolver conflictos políticos internos.

El comunicado también resaltó que el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que es un documento clasificado, define los lineamientos del sistema de inteligencia con el propósito de defender los intereses estratégicos de Argentina. Se aclaró que este documento es de acceso restringido y solo pueden consultarlo el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente que supervisa a los organismos de inteligencia desde el Congreso.

La publicación de La Nación, firmada por Hugo Alconada Mon, explicó que el Plan de Inteligencia Nacional, un texto de unas 170 páginas elaborado por la cúpula de la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, contempla la posibilidad de recabar información sobre quienes intenten «erosionar» la confianza pública en los funcionarios del Gobierno. Asimismo, señala como objetivo a todas aquellas personas o grupos que puedan provocar una «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales o manipular la opinión pública durante períodos electorales, además de difundir «desinformación».

En un punto particularmente novedoso, el documento también habilita la investigación de quienes difundan distorsiones en la percepción pública o influyan negativamente en los procesos cognitivos de la opinión pública, especialmente si estas acciones se realizan a través de tecnologías como la inteligencia artificial.

No obstante, el plan mantiene también lineamientos tradicionales ya vigentes, tales como la prevención del terrorismo, la lucha contra el crimen organizado, y la protección de los intereses argentinos en regiones estratégicas como el Atlántico Sur y la Antártida.

Cabe mencionar que, a principios de mayo, mediante un decreto oficial publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno incrementó el presupuesto destinado a la Secretaría de Inteligencia en 25.000 millones de pesos, bajo el control de Santiago Caputo y su equipo. De esta suma, cerca de 8.000 millones se destinan a gastos reservados, recursos que pueden ser utilizados sin supervisión parlamentaria. Esta asignación había generado polémica previamente, cuando el año anterior se destinaron más de 100.000 millones de pesos a ese programa.

Finalmente, el mismo presidente Javier Milei respaldó el comunicado de la Oficina del Presidente y aprovechó para reiterar sus críticas hacia el periodismo, al que acusó de ser «los mayores creadores de noticias falsas». Por su parte, Hugo Alconada Mon reafirmó en sus redes sociales la veracidad de la información publicada en La Nación.