La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que realizará un paro nacional el próximo miércoles 14 de junio, con el objetivo de manifestarse en defensa de la democracia y expresar su apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá presentarse en Comodoro Py tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia. La convocatoria también incluye una movilización para acompañarla en su llegada a los tribunales.
En un comunicado difundido públicamente, el gremio expresó su rechazo al accionar del máximo tribunal del país, al que acusan de tener una composición ilegítima. “No podemos permitir que una Corte usurpada tenga el poder de inhabilitar políticamente a dirigentes elegidos por el pueblo”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Según sus palabras, se trata de una avanzada judicial impulsada por sectores que buscan restringir la participación política de figuras opositoras.
Aguiar también denunció que el sistema judicial está operando como una herramienta al servicio de intereses concentrados: “Debemos salir a las calles y declarar una huelga nacional para frenar a esta casta judicial, que responde a las élites económicas y actúa en detrimento de la democracia. Lo que está en juego es mucho más que una causa judicial; es el futuro del país”, enfatizó.
La organización sindical alertó que el fallo de la Corte no solo tiene implicancias legales, sino también políticas, ya que su efecto sería la inhabilitación de una de las principales referentes de la oposición de cara a las próximas elecciones. En ese contexto, acusaron al Gobierno nacional de ser cómplice de esta situación, al considerar que ha perdido legitimidad y actúa de forma contraria a los principios constitucionales. “El Poder Ejecutivo también es responsable. No podemos seguir soportando a un Presidente que gobierna por fuera de la ley y atenta contra el orden democrático”, indicaron desde ATE.
De cara a la jornada de protesta, la conducción del gremio informó que se garantizarán servicios mínimos, limitados a guardias esenciales en hospitales, y se asegurará la atención urgente en los centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores. Estas medidas buscan no afectar completamente la prestación de servicios críticos, sin desdibujar el alcance del reclamo.
En definitiva, ATE impulsa esta medida de fuerza con una fuerte carga política, señalando que no se trata únicamente de defender a una figura en particular, sino de preservar el sistema democrático y resistir lo que consideran un intento de proscripción judicial con fines políticos.