La crisis institucional que atraviesa el Gobierno por las denuncias de presuntas coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad se vio intensificada con la aparición de audios atribuidos a Karina Milei. En la Casa Rosada, la reacción fue inmediata: se cerraron filas en defensa de la secretaria general de la Presidencia y se advirtió sobre la gravedad que implica que una funcionaria de su jerarquía haya sido grabada dentro de la sede gubernamental. Desde fuera del Ejecutivo, el reclamo más fuerte lo encabezó Diego Santilli, referente del PRO aliado a La Libertad Avanza, quien exigió identificar y encarcelar a los responsables de la grabación.
El exvicejefe de Gobierno porteño sostuvo en declaraciones radiales que la situación reviste una «gravedad monumental». Según sus palabras, si efectivamente existieron maniobras de inteligencia orientadas a espiar y registrar a la hermana del Presidente, ello configuraría un hecho inadmisible. “Si estos audios son reales, estamos frente a algo gravísimo. Siempre ocurre lo mismo en Argentina: aparecen estas operaciones quince días antes de una elección. Hay que ir hasta el fondo, encontrar a los responsables y meterlos en cana. No se puede seguir tolerando este nivel de falta de respeto a las instituciones”, enfatizó.
El planteo de Santilli se suma a la postura oficial expresada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien calificó lo sucedido como “un escándalo sin precedentes”, destacando que sería la primera ocasión en la historia del país en la que un funcionario es grabado dentro de la propia Casa Rosada. Para Adorni, la difusión del material forma parte de una estrategia de desinformación pensada para dañar al oficialismo en plena recta electoral en la provincia de Buenos Aires.
En sintonía con este diagnóstico, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también abordó el tema y descartó tajantemente que los audios hayan sido filtrados por personas del propio Gobierno. A su entender, se trata de una “gran operación política” en la que podrían estar implicados exintegrantes de los servicios de inteligencia. “Ese audio no dice nada relevante, apenas menciona la necesidad de estar unidos. Pero si se grabó dentro de la Casa Rosada, estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional”, advirtió. El funcionario agregó que, ante esta situación, la SIDE y la Justicia deberán intervenir para esclarecer cómo se produjo la filtración y quiénes están detrás.
La polémica también tuvo repercusiones en el Congreso. Romina Diez, diputada santafesina de La Libertad Avanza y figura cercana a Karina Milei, reaccionó con ironía a la circulación de los audios. En sus redes sociales sostuvo que se trata de un “gran audio” y celebró que, según ella, refleja la insistencia de la secretaria general de la Presidencia en pedir unidad política. “De todas las cosas que inventan, esta es la única verdad. Kari Milei pide unión las 24 horas. Que operen, que difamen, pero no van a cambiar el rumbo: los kirchneristas no vuelven más”, escribió.
El mensaje de Diez fue replicado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien también calificó como “grave” la filtración y respaldó a la hermana del mandatario. A su vez, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, utilizó las redes sociales para acusar a la oposición de impulsar maniobras de desestabilización, señalando que “operan, mienten, ensucian y embarran la cancha porque saben que la gente ya les dio la espalda”.
En este contexto, el escándalo por los audios filtrados no solo sumó tensión a una administración que ya atraviesa turbulencias por las causas judiciales vinculadas a corrupción, sino que también abrió un debate de mayor alcance: hasta qué punto el accionar de supuestos servicios de inteligencia y operaciones políticas pueden condicionar la estabilidad institucional del país en vísperas de un proceso electoral decisivo.