El reciente arresto de un efectivo policial que portaba más de un kilo de marihuana, un caso que cobró notoriedad luego de la denuncia realizada por su padre, el exsubsecretario de Institutos Penales de Tucumán Miguel Gómez, provocó una fuerte reacción de la oposición, en pleno marco de la campaña electoral de cara a octubre. La situación puso nuevamente en el centro del debate los supuestos vínculos entre sectores del poder y actividades delictivas en la provincia.
Roberto Sánchez, diputado y candidato a la Cámara Baja por el frente Unidos por Tucumán, junto al concejal capitalino José María Canelada, señaló que este episodio evidencia la persistente problemática de connivencia entre el crimen organizado y actores vinculados al poder político. Según Sánchez, esta situación no es nueva y lleva años denunciándose en diversas localidades. “Hace años denunciamos la connivencia entre política y narcotráfico, y lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Alberdi fue intervenida por la Justicia Federal por estos vínculos, y ahora asistimos a un nuevo escándalo que involucra a las fuerzas de seguridad y a familiares directos de exfuncionarios del área. Esto muestra la gravedad del problema y la falta de un plan serio para enfrentarlo”, sostuvo el legislador, quien buscará su reelección el próximo 26 de octubre.
En paralelo, Canelada advirtió que este caso no debe considerarse un hecho aislado. “No estamos ante un hecho aislado y no es la primera vez que algo así ocurre. Mientras el Gobierno intenta minimizar la situación, la realidad es que hoy la sociedad está pagando las consecuencias de años de desidia, cuánto menos, por no hablar de encubrimientos y vínculos oscuros”, manifestó el concejal, poniendo el acento en la persistencia de estas irregularidades en el tiempo y en la falta de una respuesta gubernamental efectiva.
Sánchez remarcó además la falta de credibilidad del Gobierno provincial para liderar una lucha seria contra el narcotráfico, a pesar de los discursos grandilocuentes. En este sentido, reclamó la implementación de medidas concretas y urgentes: “No alcanza con renuncias ni con discursos de ocasión. Hace falta una política integral de seguridad, que combine prevención y persecución penal, con transparencia en la gestión, control real sobre las fuerzas de seguridad, fortalecimiento de la inteligencia criminal y plena articulación con la Justicia Federal”, señaló.
Finalmente, el diputado insistió en que la primera acción debe ser eliminar los privilegios y los encubrimientos que han garantizado la impunidad de aquellos que han intentado utilizar al Estado como refugio para negocios ilegales. Para Sánchez, solo con una política integral y coherente se podrá comenzar a revertir la gravísima situación que afecta a Tucumán en materia de seguridad y justicia.