El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza al Gobierno argentino a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta acción fue confirmada por una fuente oficial a Ámbito, y el decreto será publicado mañana en el Boletín Oficial. Con esta firma, el Gobierno inicia la última etapa en la gestión del nuevo acuerdo con el FMI.
El acuerdo se enmarca dentro del Programa de Facilidades Extendidas, que contempla un plazo de hasta 10 años para el pago de los intereses, con un período de gracia de 4 años y medio. Según el DNU, los fondos obtenidos se destinarán a saldar las deudas del Tesoro Nacional y las relacionadas con el Banco Central, así como las operaciones de crédito público celebradas en 2022 bajo este mismo programa.
El decreto establece que los fondos serán utilizados exclusivamente para cancelar deudas con el FMI, con el Banco Central y otras relacionadas con el Tesoro, garantizando que la política económica de «déficit cero» no se verá comprometida. A su vez, la administración justificó la emisión del DNU en lugar de un proyecto de ley, alegando que la competencia del Congreso no abarca la aprobación de los términos y condiciones de un acuerdo con el FMI, sino solo la operación de crédito público, que requiere la sanción de una ley.
En cuanto al proceso legislativo, el DNU entra en vigor con fuerza de ley desde su promulgación. No obstante, el Congreso puede rechazarlo. El texto debe ser enviado al Congreso, donde deberá ser evaluado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Si no se pronuncian en un plazo de 10 días hábiles, el DNU puede ser tratado en ambas Cámaras para su aprobación o rechazo. Si alguna de las dos Cámaras aprueba el decreto, este será ratificado, pero si ambas lo rechazan, el DNU quedará sin efecto.
En paralelo, diputados nacionales de la coalición opositora Unión por la Patria (UP) presentaron una denuncia penal contra Milei, argumentando que la firma del DNU viola artículos de la Constitución Nacional que exigen la aprobación parlamentaria para cualquier endeudamiento con organismos internacionales. Además, consideran que el Gobierno estaría usurpando funciones del Congreso y que esta acción constituye un abuso de autoridad, lo que violaría los deberes del presidente según el Código Penal.