El Gobierno nacional llevó a cabo una reestructuración de las partidas presupuestarias vigentes a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186, el cual fue publicado este jueves en el Boletín Oficial. Este decreto, firmado por el presidente Javier Milei junto con su gabinete de ministros, redistribuye recursos en áreas estratégicas como seguridad y defensa, además de facilitar garantías para que las provincias puedan acceder a financiamiento externo y autorizar el cumplimiento de compromisos financieros con organismos internacionales.
Uno de los sectores que experimentará un incremento significativo en su presupuesto es la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), cuya asignación de recursos alcanzará los $7.366 millones. De este total, $1.625 millones estarán destinados a cubrir gastos reservados de la entidad.
El decreto, compuesto por dos anexos de 42 y 3 páginas respectivamente, introduce además un mecanismo para regularizar deudas con empresas generadoras de energía eléctrica y permite al Gobierno nacional cancelar obligaciones con las provincias mediante la cesión de bienes estatales.
En los considerandos del DNU, se justifica la medida argumentando que el país enfrenta una grave crisis administrativa, económica, financiera y energética. Ante este escenario, se establece la necesidad de reorientar los recursos presupuestarios para asegurar el cumplimiento de las obligaciones estatales. En este sentido, se han dispuesto refuerzos presupuestarios para el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, la Vicejefatura de Gabinete y la SIDE, con el propósito de fortalecer las capacidades de defensa y seguridad.
Los recursos asignados a la SIDE se destinarán tanto a gastos operativos como a inversiones en infraestructura y equipamiento. Del total presupuestado, $6.344 millones serán utilizados para cubrir gastos corrientes, mientras que $1.022 millones se orientarán a erogaciones de capital. En el desglose de partidas, se contempla un gasto de $4.323 millones en servicios no personales, que incluyen energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones, alquileres, mantenimiento, limpieza, formación del personal, pasajes, viáticos y gastos reservados.
Además de estos ajustes, el decreto establece aumentos en la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud y habilita la transferencia automática de recursos educativos a provincias y municipios. En contrapartida, se ejecutarán recortes en los fondos destinados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
En cuanto a la deuda de las distribuidoras eléctricas con Cammesa, el DNU prevé un esquema de cancelación en hasta 72 cuotas mensuales, con un período de gracia de hasta 12 meses y una tasa de interés del 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Asimismo, se establece un régimen de crédito especial para aquellas distribuidoras que hayan cumplido con sus compromisos financieros, cuya implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Energía Eléctrica.
Otro punto destacado de la normativa es la reactivación del artículo 7 de la Ley 26.075, lo que permitirá la asignación automática de fondos educativos a las provincias y municipios.
En materia de financiamiento provincial, el decreto autoriza a las provincias a acceder a préstamos internacionales mediante avales estatales. También introduce la posibilidad de utilizar bienes inmuebles del Estado nacional como forma de pago para saldar deudas provinciales. Según el texto del DNU, aquellos inmuebles estatales que sean considerados innecesarios o sin un destino específico podrán ser transferidos a las provincias como parte de la compensación de deudas, lo que contribuiría a mejorar la situación fiscal y a reducir los costos de mantenimiento de activos sin una utilidad clara para el Estado. Esta política se aplicará bajo el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas y será supervisada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Finalmente, la normativa habilita el pago de compromisos financieros internacionales por un total de 439,4 millones de dólares, destinados al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dichos pagos serán efectuados en cuotas anuales, cubiertas con recursos del Tesoro Nacional administrados por el Banco Central (BCRA). En particular, se asignarán 2,5 millones de dólares al FIDA en tres pagos y 436,9 millones de dólares al BID en siete desembolsos.
Principales modificaciones presupuestarias:
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