Javier Milei vetó los proyectos que proponían subas a jubilaciones y declarar la emergencia en discapacidad

El presidente argentino Javier Milei formalizó, tal como lo había adelantado, la firma de los vetos a una serie de leyes aprobadas recientemente por el Congreso Nacional. Estas normativas contemplaban una actualización en los haberes jubilatorios, la reimplementación de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en materia de discapacidad. La decisión presidencial fue adoptada durante la noche del viernes, según consignó el medio Ámbito, y se prevé que los decretos correspondientes se publiquen oficialmente el lunes en el Boletín Oficial.

Este veto representa el segundo rechazo de Milei a iniciativas legislativas destinadas a mejorar los ingresos de los jubilados, desde que comenzó su mandato. La medida generó un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo y la oposición, que ahora se enfrenta a un complejo escenario si decide insistir con la sanción de las leyes vetadas. Para revertir la decisión del presidente, ambas Cámaras del Congreso deben reunir una mayoría calificada, es decir, contar con los votos favorables de dos tercios de sus miembros, lo cual implica una ardua tarea, especialmente en la Cámara de Diputados.

Mientras que en el Senado las propuestas lograron un respaldo holgado, superando sin dificultades el umbral de los dos tercios, en Diputados los números estuvieron mucho más ajustados. Esta diferencia anticipa que los intentos de forzar la promulgación de las leyes por encima del veto presidencial enfrentarán obstáculos considerables.

Por el momento, está descartado que el tratamiento de estos vetos se incluya en la próxima sesión ordinaria de la Cámara Baja, prevista para el 6 de agosto. En esa jornada, la atención legislativa estará centrada en otros temas considerados prioritarios por los bloques opositores, como el financiamiento de las universidades públicas y la mejora de los recursos destinados a la salud infantil.

En paralelo al debate legislativo, el Gobierno deberá monitorear con atención el clima social. La semana entrante podría marcar un punto de inflexión en cuanto a la presión callejera. El miércoles, coincidiendo con el trabajo parlamentario, se esperan nuevas protestas organizadas por sectores de jubilados en los alrededores del Congreso Nacional. Y al día siguiente, el jueves, los principales movimientos sociales y la Confederación General del Trabajo (CGT) convocaron a una masiva marcha hacia el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. Bajo la consigna «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo», la movilización promete gran afluencia y marcará el pulso de la respuesta popular a las políticas del oficialismo.

¿Qué contemplaban las leyes vetadas?

La ley aprobada por el Senado en julio incluía un incremento inmediato del 7,2% en todas las jubilaciones, junto con la elevación del bono previsional mensual de $70.000 a $110.000. Además, reestablecía la vigencia de la moratoria previsional vencida en marzo de 2025, una herramienta fundamental para que personas mayores de 65 años sin los 30 años de aportes mínimos pudieran acceder a una jubilación.

En cuanto a la emergencia en discapacidad, el proyecto garantizaba el financiamiento de los servicios esenciales hasta diciembre de 2027. Esto incluía el pago a prestadores como enfermeros, acompañantes terapéuticos y transportistas, al tiempo que reactivaba el proceso para aprobar pensiones por discapacidad, actualizaba los montos vigentes (que al mes de junio de 2025 ascendían a $213.286,50) y establecía un aumento en las remuneraciones percibidas por trabajadores con discapacidad que se desempeñan en talleres protegidos, quienes desde febrero de 2023 venían cobrando $28.000 mensuales.

Con estos vetos, Milei refuerza su política de ajuste fiscal y enfrenta una creciente resistencia tanto institucional como social. El devenir de los próximos días será determinante para saber si la oposición logra articularse lo suficiente como para contrarrestar la medida presidencial y si las movilizaciones logran hacer mella en la postura del Gobierno.