Desde su llegada al poder, el presidente Javier Milei ha impulsado un ajuste fiscal profundo que no hace excepciones, ni siquiera frente a las personas damnificadas por el devastador temporal que azotó a Bahía Blanca a principios de marzo. Este martes, el mandatario dio una nueva muestra del rumbo inflexible de su gestión al vetar en su totalidad la Ley de Emergencia por las inundaciones, una norma que había sido aprobada con respaldo mayoritario en ambas cámaras del Congreso Nacional.
La medida quedó oficializada a través del Decreto 424/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el propio presidente, junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mediante ese instrumento legal, el Ejecutivo anuló por completo la Ley 27.790, que declaraba el estado de emergencia y catástrofe en territorio bonaerense, con especial atención en los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales.
Con este veto, los habitantes de las zonas afectadas por las inundaciones quedan sin respaldo legislativo directo, y el Congreso solo podrá revertir la decisión si logra reunir una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras, un escenario poco probable en el actual contexto político.
La norma vetada tenía como propósito la creación de un fondo extraordinario de $200.000 millones, destinado a asistir a las familias damnificadas, impulsar la reconstrucción de viviendas, brindar alivio fiscal y financiero, y ayudar a los sectores productivos más perjudicados. Además, contemplaba la suspensión de ejecuciones contractuales, el otorgamiento de créditos a tasa subsidiada a través del Banco Nación, y medidas de articulación con el gobierno provincial para reducir o eximir de cargas tributarias a los afectados. También proponía que en la ejecución de obras públicas se priorizara la contratación de recursos y mano de obra local.
Sin embargo, el gobierno nacional justificó la anulación de la ley asegurando que las acciones que allí se proponían ya estaban siendo ejecutadas a través del Decreto 238/2025, que creó un fondo de ayuda administrado por el Ministerio de Seguridad, acompañado por un plan de asistencia denominado “Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR)”.
En su defensa, el Ejecutivo nacional afirmó que más del 85% de los inscriptos al programa SUR ya habían recibido el beneficio, mientras que el 10,5% aún estaba en evaluación y solo un 4% había sido rechazado. Asimismo, aclararon que incluir a Coronel Rosales dentro del área de emergencia, como lo hacía la ley ahora vetada, no era factible, dado que los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional indicaban que solo Bahía Blanca había sido declarada zona crítica en términos climáticos.
Finalmente, el presidente Milei argumentó que uno de los principales motivos para rechazar la ley era que no contemplaba una fuente clara de financiamiento para el fondo de emergencia, lo que, en palabras del Ejecutivo, volvía inviable su implementación.
En definitiva, el veto presidencial implica un freno contundente a una medida que había sido concebida para atender a miles de personas golpeadas por uno de los desastres naturales más severos de los últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires, y vuelve a encender la polémica por el enfoque económico y social del gobierno nacional ante situaciones de crisis humanitaria.
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