El Gobierno está impulsando la reactivación de la obra pública nacional mientras negocia con los gobernadores la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Nación se encargará de financiar la construcción de rutas, puentes y sistemas de cloacas con un requisito mínimo de avance del 40%.
De acuerdo a información obtenida por TN, el Ejecutivo asumirá gran parte de los costos de los proyectos a cargo de Corredores Viales y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOSHA) en todo el país. Al mismo tiempo, se discontinuarán varias obras en paralelo.
Además, la Casa Rosada planea cerrar nuevos acuerdos para transferir obras públicas de Nación a las provincias. Se trata de alrededor de 800 proyectos en total, negociados por la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía a cargo de Luis «Toto» Caputo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya se ha reunido con varios gobernadores para firmar estos convenios. Hasta el momento, ha cedido 14 obras a Jujuy, 39 a Chaco y 27 a Entre Ríos.
El Gobierno tiene previstas más reuniones con otros mandatarios provinciales, incluidos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Alfredo Cornejo (Mendoza), entre otros.
En Balcarce 50 también se baraja la posibilidad de que visiten la Casa de Gobierno para firmar convenios los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Claudio Poggi (San Luis).
El Ejecutivo ya ha firmado un acuerdo con Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro) para avanzar con la construcción del Gasoducto Patagónico con fondos provinciales.
El primer ofrecimiento de reactivación de la obra pública fue hecho por Francos en una reunión con los mandatarios del norte en la provincia de Salta. Estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, José «Cochi» Rolandi, el secretario de Interior, Lisandro Catalán, el titular de Provincias y Municipios de la Nación, Javier Milano, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Para poder ejecutar los acuerdos, el Gobierno depende de la sanción de la Ley Bases. Esta incluye un artículo que permite transferir obras de las empresas públicas que buscan ser privatizadas a las provincias. Este artículo fue parte de las negociaciones con los gobernadores previo al segundo envío de la ley.
En el caso de Córdoba, una de las prioridades es la autopista Córdoba-San Francisco. En tanto, en Santa Fe se considera prioritario el mantenimiento del tramo Rosario-Santa Fe y Crespo-Avellaneda de la ruta 11, así como otros proyectos relacionados con defensas, acueductos y plantas potabilizadoras.