La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó este martes el sobreseimiento de Mauricio Macri y varios exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), poniendo punto final a la investigación que los involucraba en el supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 tras un incendio en su tanque de baterías. Con esta decisión, el máximo tribunal rechazó los recursos presentados por los allegados de los tripulantes, sosteniendo que las acciones llevadas a cabo por los investigados se encontraban dentro de los “protocolos de seguridad” vigentes.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por familiares de las víctimas, quienes sostenían que fueron objeto de maniobras de vigilancia y seguimiento por parte del Ejecutivo entre 2017 y 2018, en el marco de su reclamo por respuestas mientras aún se investigaba la desaparición del submarino. El juez subrogante de Dolores, Martín Bava, consideró en 2021 que existían pruebas de la realización de tareas de “espionaje prohibidas por Ley”, orientadas a obtener datos personales de familiares y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, así como información sobre los buques “El Repunte” y “Rigel”.
Por ese motivo, Bava imputó a Macri, al entonces director de la AFI, Gustavo Arribas, a su segunda Silvia Majdalani y a ocho exagentes de la agencia. Según el magistrado, la conducta del expresidente “generó las condiciones para que se lleve a cabo, almacene y utilicen datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas”. Además, le atribuyó a Macri el delito de “abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor”.
No obstante, en diciembre de ese mismo año, la defensa de Macri apeló la resolución, y en julio de 2022, la Cámara Federal porteña, con los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, anuló los procesamientos. Los magistrados concluyeron que la AFI no había incurrido en injerencias abusivas y que sus acciones se ajustaban a los protocolos de seguridad presidencial. Señalaron además que la información que fundamentaba las acusaciones provenía de fuentes públicas y redes sociales, no de operaciones secretas, y advirtieron sobre los riesgos de una custodia deficiente del entorno de un presidente.
El fallo fue apelado nuevamente por los familiares de las víctimas y el caso pasó a la Cámara Federal de Casación Penal. En noviembre de 2023, la Sala II, con votos mayoritarios de los camaristas Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky y la disidencia de la jueza Ángela Ledesma, declaró inadmisibles los recursos interpuestos por las querellas y confirmó el sobreseimiento de Macri y del resto de los imputados. Según Yacobucci, “no se ha demostrado que el imputado [Macri] estuviese materialmente en una posición que implicase su intervención directa en los hechos investigados” y que las acciones atribuídas “se enmarcaron dentro de los fines legítimos que persigue la Agencia -AFI- y constituyeron medios adecuados para los objetivos de seguridad perseguidos”.
Pese a ello, las querellas particulares, representadas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, insistieron y llevaron el caso ante la Corte Suprema mediante recursos extraordinarios, cuestionando la justificación de las tareas de la AFI y denunciando parcialidad judicial.
Finalmente, este martes, la Corte Suprema, mediante una resolución firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los recursos de los familiares y dejó firme el sobreseimiento de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y el resto de los imputados, poniendo fin a la causa que investigaba presuntas tareas de espionaje a los allegados de las víctimas del ARA San Juan.