Tras la reciente confirmación por parte de la Cámara de Casación de la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el fiscal Mario Villar decidió intensificar su estrategia y llevar el caso ante la Corte Suprema. Su objetivo principal es que la ex vicepresidenta también sea acusada como líder de una asociación ilícita, lo que podría incrementar su pena a doce años de prisión. Además, el Ministerio Público planea apelar la absolución de Julio De Vido, argumentando su responsabilidad en los hechos investigados.
Un funcionario de larga trayectoria en Comodoro Py resumió el caso al afirmar que el expediente de “Vialidad” es prácticamente un “manual sobre el delito de asociación ilícita”. Esta declaración refleja el impacto del fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación, que ratificó la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, aunque restringiéndola únicamente al delito de administración fraudulenta.
El fiscal Diego Luciani, quien llevó adelante la acusación inicial, había solicitado que Kirchner fuera condenada por ambos delitos: fraude al Estado y asociación ilícita, esta última en calidad de jefa. Según su planteo, la gravedad de los hechos y la magnitud del daño económico causado, estimado en 85.000 millones de pesos, justificaban una pena más severa.
En diciembre de 2022, Cristina Kirchner se convirtió en la primera vicepresidenta en funciones en ser condenada por corrupción, tras un fallo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu consideraron probada una maniobra sistemática de fraude al Estado, llevada a cabo a través de 51 licitaciones de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Según el tribunal, dichas obras fueron adjudicadas de manera recurrente a empresas vinculadas a Lázaro Báez, cuyo rápido crecimiento económico estaba directamente asociado con la asignación de estos contratos.
La Cámara de Casación confirmó esta visión mayoritaria, destacando que las autoridades de Vialidad, tanto nacional como provincial, actuaron fuera del interés público, utilizando el aparato estatal para facilitar los delitos bajo una apariencia de legalidad. Sin embargo, el camarista Gustavo Hornos disintió, argumentando que las pruebas también respaldaban la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Kirchner.
La fiscalía, representada por Mario Villar ante el máximo tribunal penal, sostiene que la red de corrupción detectada cumple con los requisitos establecidos por el Código Penal para ser considerada una asociación ilícita. Este argumento, ya planteado por Diego Luciani, subraya que el esquema requería un empresario como Báez para centralizar los contratos y desviar fondos públicos, utilizando la obra pública vial como fachada.
Aunque los camaristas Borinsky y Barroetaveña rechazaron la acusación de asociación ilícita al considerarla un único hecho delictivo de administración fraudulenta, el fiscal Villar planea insistir en que cada una de las 51 licitaciones constituyó un delito independiente. En su opinión, estos procesos licitatorios no fueron aislados ni negligencias administrativas, sino parte de una estructura criminal organizada y sostenida durante más de una década.
El camarista Hornos respaldó esta perspectiva al destacar que la asociación ilícita operó de manera continua desde 2003 hasta 2015, manteniendo a los mismos actores clave en sus puestos para garantizar la perpetuación del esquema. Según su análisis, la red no solo se limitó a manipular licitaciones, sino que utilizó el aparato estatal como herramienta para saquear recursos públicos de forma planificada y jerárquica.
El modus operandi descrito implicaba presentar una apariencia de legalidad para encubrir la corrupción, desviando fondos públicos hacia intereses privados, especialmente en el sector de la construcción vial en Santa Cruz. Esta estrategia permitía a los involucrados actuar con impunidad mientras aseguraban la continuidad de sus operaciones ilícitas.
Ante este panorama, el fiscal Villar acudirá a la Corte Suprema para buscar una revisión del fallo y que se incluya el delito de asociación ilícita en la condena contra Cristina Kirchner. Su argumento central será que el esquema investigado no solo se trató de una serie de fraudes aislados, sino de una organización criminal estructurada y con un propósito definido de beneficiar a sus miembros a expensas del Estado. Este enfoque busca reforzar la gravedad de los hechos y justificar una pena mayor para la ex vicepresidenta.