A una semana de haber solicitado al gobierno de Javier Milei que cesen los operativos represivos contra las protestas de jubilados, la Iglesia Católica en Argentina volvió a levantar su voz, esta vez en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, un sector particularmente afectado por los recientes recortes estatales. A través de un firme comunicado, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación por el deterioro en el acceso a tratamientos médicos, prestaciones y servicios fundamentales, y remarcó con claridad: “Las personas con discapacidad no pueden esperar”.
La declaración fue acompañada por acciones concretas de solidaridad. Uno de los gestos más significativos fue el abrazo simbólico a hospitales públicos, organizado en Córdoba y liderado por el cardenal Ángel Rossi, actual vicepresidente primero del Episcopado y arzobispo de la ciudad. Rossi, quien recientemente participó del cónclave que eligió al papa León XIV, sostuvo en ese acto: “La Iglesia debe estar presente especialmente junto a quienes más han sido golpeados por la vida”. Esta manifestación, realizada en el Polo Sanitario de Córdoba, se convirtió en un fuerte acto de respaldo hacia el personal sanitario y los pacientes afectados por las políticas de ajuste.
Estas expresiones se producen en el marco de la preparación para la colecta anual de Cáritas, que tendrá lugar en todo el país el próximo fin de semana. Dicha colecta es clave para financiar proyectos sociales de emergencia, como la asistencia en catástrofes naturales y el apoyo a poblaciones vulnerables. En su edición 2024, Cáritas Argentina recaudó más de 10.700 millones de pesos, destinados a 67 diócesis para ayudar en situaciones críticas y fomentar la inclusión social.
En su mensaje, los obispos también hicieron un fuerte llamado a recentrar la dignidad humana como eje de toda política pública. Expresaron que la atención a las personas con discapacidad debe ser vista como un derecho, no como un favor del Estado, y advirtieron que sus necesidades deben ocupar un lugar prioritario en la agenda gubernamental. La declaración surge, además, en un contexto de malestar social, agravado por declaraciones recientes del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien desató polémica al sugerir en una conversación con una madre de un niño autista que la discapacidad es un “problema de la familia” y no del Estado. “¿Por qué tengo que pagar yo el peaje y ustedes no?”, cuestionó, generando repudio generalizado.
En respuesta, la Conferencia Episcopal expresó su solidaridad con las familias afectadas y reafirmó que cada ser humano posee una dignidad inherente, sin importar sus condiciones físicas o mentales. Subrayaron que servicios como salud, educación, rehabilitación y apoyos específicos se han vuelto cada vez más inaccesibles y fragmentados, y denunciaron la creciente soledad en la que muchas familias enfrentan estas dificultades, sin respaldo adecuado ni de la sociedad ni del Estado.
Los obispos también remarcaron su desconcierto ante lo que consideran un alarmante desconocimiento e indiferencia oficial respecto a la situación de las personas con discapacidad. En ese sentido, hicieron un llamado urgente al gobierno nacional para que provea los recursos y herramientas necesarios a fin de garantizar el funcionamiento responsable y efectivo de los programas destinados a esta población.
Finalmente, el comunicado episcopal concluye con una afirmación contundente: “El cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado ni relegado por otras prioridades. Atenderlas no solo es una obligación ética, sino un acto de justicia y una manifestación profunda de humanidad”. A su vez, invitaron a los funcionarios públicos a evitar comentarios despectivos o expresiones hirientes, las cuales, en momentos de dolor colectivo, solo contribuyen a profundizar las divisiones sociales en lugar de promover la unidad necesaria para sacar adelante al país.