El diputado Roberto Sánchez, integrante del bloque Unidos por Tucumán, solicitó de manera urgente a la Legislatura que se aparte inmediatamente a la legisladora Sandra Figueroa, tras conocerse este miércoles su procesamiento por delitos graves que incluyen lavado de dinero, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita.
En sus declaraciones, Sánchez denunció la persistencia de la llamada “narcopolítica” en la provincia, señalando que este fenómeno no es reciente: “La narcopolítica está en Tucumán y desde mucho antes que el país hable de ’Fred’ Machado y del candidato de la Libertad Avanza, José Luis Espert. Desde hace una década que nuestro espacio político denuncia los vínculos entre el oficialismo y los dealers. En la campaña del 2023 dijimos que se compraban votos por droga. Negaron todo, nos pidieron pruebas, y ampararon el delito porque son cómplices. Hoy la Justicia Federal nos da la razón al procesar a una legisladora por confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita. La mentira se termina”.
El legislador también instó al gobernador Osvaldo Jaldo a adoptar medidas contundentes para combatir a los narcotraficantes que utilizan cargos públicos como cobertura para cometer ilícitos. “Espero que el gobernador Osvaldo Jaldo avance en serio contra los narcotraficantes que se amparan en el poder. No alcanza con declaraciones rimbombantes o detenciones cinematográficas. Hay que ir a fondo con los que usan cargos públicos para cometer delitos”, enfatizó Sánchez, dejando en claro que las acciones simbólicas no son suficientes frente a esta problemática.
Asimismo, el diputado subrayó que erradicar la narcopolítica en Tucumán depende también de la decisión de los votantes de no respaldar a candidatos vinculados con el narcotráfico. “La pelea es muy clara: o votamos a quienes amparan delincuentes y les aseguran impunidad, o cambiamos en serio por la honestidad y la valentía para enfrentarlos. Nosotros no vamos a bajar los brazos”, concluyó, reafirmando el compromiso de su espacio político con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado dentro de la esfera gubernamental.