La Justicia federal de San Isidro tomó una serie de medidas clave en la investigación que involucra al diputado nacional José Luis Espert, relacionadas con presunto lavado de dinero. En este marco, se ordenó el secuestro de su teléfono celular como parte del allanamiento realizado en su residencia de Beccar, en la provincia de Buenos Aires. La causa surge por la transferencia de 200 mil dólares recibida en 2020 de Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico.
Según fuentes judiciales, el secuestro del celular fue solicitado por el fiscal federal Federico Domínguez y autorizado por el juez Lino Mirabelli, e incluye también la incautación de otros dispositivos tecnológicos y medios de almacenamiento presentes tanto en la vivienda de Espert como en su despacho en la Cámara de Diputados. Además, se dispuso la obtención de toda documentación que pudiera resultar relevante para el avance de la investigación. “El objetivo es preservar las pruebas, como se hace habitualmente al inicio de una causa”, señalaron desde el expediente, abierto tras la denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois. Hasta el momento, no se han dictado pedidos de detención contra Espert ni otras personas vinculadas al caso.
El allanamiento se realizó después de que la Cámara de Diputados aprobara la solicitud del juez Mirabelli, necesaria debido a los fueros parlamentarios del legislador, aunque Espert había solicitado licencia días atrás. Con el aval de la Cámara, personal de seguridad precintó su despacho y la mañana del jueves se dieron inicio a los procedimientos a cargo de la Gendarmería Nacional y la Fiscalía Federal de San Isidro, responsables de la investigación.
Estas acciones representan las primeras medidas de prueba en el expediente. La Justicia ordenó incautar todos los elementos tecnológicos de la casa y del despacho del diputado, incluyendo el celular, para analizar su contenido. La causa se encuentra bajo secreto de sumario, y no se descarta que se lleven a cabo otras diligencias habituales en investigaciones por lavado de dinero, como pedidos de informes patrimoniales, bancarios y económicos de Espert ante distintos organismos.
La imputación contra Espert está vinculada a los 200 mil dólares recibidos de Machado en febrero de 2020, dentro del marco de una investigación que busca determinar si el dinero proveniente del empresario, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa, fue blanqueado. Ese monto correspondía a un contrato por un millón de dólares firmado en julio de 2019, mediante el cual Espert debía asesorar a Machado en la reestructuración de deuda de “Minas del Pueblo”, una empresa minera del empresario en Guatemala, incluida en la investigación estadounidense. Este contrato fue hallado roto en la basura de la casa de Machado durante un allanamiento reciente en Viedma.
Además, Machado financió parcialmente la campaña presidencial de Espert en 2019, ofreciendo transporte en aviones privados, con un total de 36 vuelos, cinco de ellos compartidos con el empresario, información que no fue declarada en los gastos de campaña. Espert había minimizado públicamente su vínculo con Machado, alegando solo un encuentro y un viaje, aunque los registros revelaron múltiples interacciones, visitas a la vivienda de Machado y la firma del contrato millonario.
En menos de una semana, esta serie de hechos llevó a Espert a renunciar a su candidatura, solicitar licencia, abandonar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, ser imputado penalmente y sufrir allanamientos tanto en su domicilio como en su despacho legislativo, mientras continúa la investigación judicial por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.