La Justicia rechazó el pedido de Bullrich y Milei para allanar a Jorge Rial

Tras el pedido impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para que la Justicia autorizara allanamientos a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico —entre otros— a raíz de la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei en la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el fiscal Carlos Stornelli decidió avanzar con la pesquisa, aunque rechazó de plano esa solicitud de medidas intrusivas.

El representante del Ministerio Público explicó que si bien se investigará la denuncia presentada por el Poder Ejecutivo, resulta inadmisible ordenar allanamientos a comunicadores, dado que la Constitución Nacional protege el secreto de las fuentes periodísticas. En ese sentido, subrayó con firmeza: “No se puede hurgar en las fuentes de los periodistas”.

Stornelli añadió que, aunque en la denuncia oficial se mencionen determinadas personas, será el curso de la investigación el que permita establecer si efectivamente existió un hecho delictivo, así como identificar a los posibles autores, cómplices, encubridores o instigadores. Asimismo, dejó en claro en su dictamen que no corresponde bajo ningún concepto que una pesquisa judicial vulnere las fuentes de información de un profesional de la prensa: “Debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.

El fiscal incluso amplió la reflexión al ámbito de la privacidad de los periodistas: recordó que la inviolabilidad del domicilio solo puede verse afectada por una orden fundada de un juez competente. De todas formas, aclaró que eso no impide continuar con el análisis de las conductas denunciadas en la causa.

En paralelo a esta resolución judicial, se presentó una denuncia contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad, en respuesta a su iniciativa de solicitar los allanamientos a los periodistas mencionados y a los estudios de Carnaval Stream. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a la funcionaria de intentar vulnerar derechos constitucionales tras el escrito elevado por el Ejecutivo, en el que se señalaba una supuesta violación a la Ley de Inteligencia.

En detalle, el abogado Fernando Soto —representante legal del Ministerio de Seguridad— había solicitado que se ordenara un “allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de Carnaval Stream”, con el objetivo de incautar servidores, discos rígidos, consolas de edición, copias de seguridad, planillas de programación y toda documentación vinculada a la recepción y difusión del material que derivó en la controversia.

Dalbón, al pronunciarse sobre este pedido, aseguró que la denuncia tenía como único propósito amedrentar a los periodistas y a los medios involucrados, configurando un acto de censura y un intento de limitar la libertad de prensa. A su vez, sostuvo que las medidas solicitadas por el ministerio resultaban abiertamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

De manera complementaria, también se había requerido una medida cautelar que estableciera la “prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada, bajo apercibimiento legal”.