La Legislatura de Tucumán manifestó un fuerte rechazo a los recortes nacionales que afectan al sector de la discapacidad, en un contexto de creciente tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional. Mientras la Cámara de Diputados de la Nación se prepara para debatir este martes un proyecto que busca mejorar las jubilaciones y declarar la emergencia en las prestaciones para personas con discapacidad —a pesar de las advertencias de un posible veto por parte del presidente Javier Milei—, desde la provincia de Tucumán se hizo oír una contundente crítica al gobierno nacional por el deterioro de los servicios y la mora en los pagos del área.
En el ámbito legislativo tucumano, la expresión de repudio fue aprobada por amplia mayoría y sin discusión, mediante una votación a mano alzada durante la sesión del pasado jueves. La iniciativa fue impulsada por el legislador Agustín Romano Norri (Evolución Radical) y obtuvo respaldo transversal, al ser acompañada por firmas de referentes del oficialismo local como Francisco Serra, Alberto Olea, Nancy Bulacio, Roberto Moreno, Alejandro Matías Figueroa, Gabriel Yedlin y Roque Argañaraz, además del presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, y figuras de otros espacios como Mario Leito y Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán).
En el texto aprobado, la Legislatura expresó su “más enérgico repudio” a la crítica situación que vive el sector de la discapacidad en todo el país, haciendo hincapié en la “inadmisible demora” de más de cinco meses en los pagos destinados a instituciones, transportistas, prestadores y profesionales vinculados a los servicios esenciales para personas con discapacidad. Asimismo, la resolución manifiesta solidaridad con las familias y trabajadores afectados, y exige al Gobierno nacional que regularice inmediatamente las deudas pendientes, asegurando la continuidad de las prestaciones contempladas por la Ley Nacional N.º 24.901. Este pedido se fundamenta en principios básicos como la equidad, la dignidad y el respeto por los derechos humanos.
Al tomar la palabra tras la aprobación, Romano Norri subrayó que esta no es simplemente una cuestión administrativa o presupuestaria, sino una problemática que refleja el abandono de una población particularmente vulnerable que requiere una respuesta inmediata por parte del Estado nacional.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que el cuerpo legislativo provincial fija una posición crítica frente a las decisiones del Ejecutivo nacional. En marzo, por ejemplo, se sancionó una resolución impulsada por los legisladores Walter Berarducci y Claudio Viña (Compromiso Tucumán) mediante la cual se instaba a los senadores nacionales por Tucumán a rechazar el Decreto 137/25, con el que el Gobierno proponía la designación de Ariel Lijo y Manuel José García Mansilla como miembros de la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores tucumanos consideraron que esta medida comprometía la independencia judicial y el equilibrio institucional, una postura que finalmente fue respaldada por el Senado, que terminó rechazando los pliegos.
La reciente resolución sobre discapacidad marca una nueva señal de desacuerdo institucional desde Tucumán hacia las políticas nacionales, pese al clima de diálogo que mantiene el gobernador Osvaldo Jaldo con la Casa Rosada. En este contexto, el vicegobernador Miguel Acevedo, quien preside la Legislatura, ha sostenido una posición crítica, aunque mesurada, frente a diversas decisiones del Gobierno central.
A nivel nacional, los legisladores opositores al oficialismo libertario también se preparan para impulsar cambios en el sistema de pensiones y prestaciones para personas con discapacidad. Entre sus propuestas se incluye una mejora en el monto de las pensiones y la actualización de los aranceles que reciben los profesionales de la salud y educación, que permanecen congelados debido a la falta de revisión del nomenclador correspondiente.
En suma, tanto desde el Congreso como desde las legislaturas provinciales comienzan a intensificarse los reclamos frente al ajuste aplicado por el Ejecutivo nacional, especialmente cuando este afecta derechos sensibles como la salud y la inclusión de personas con discapacidad. La discusión en Diputados y las expresiones institucionales como la de Tucumán perfilan un escenario de creciente confrontación política en torno al rumbo del Estado en materias sociales clave.