Luego de un extenso proceso de negociaciones y discusiones que se extendió por más de nueve meses, el Senado finalmente aprobó la Ley de Financiamiento Universitario en una votación general. Esta ley, que recibió el respaldo de 56 senadores, enfrentó 11 votos en contra y una abstención. La principal intención de la ley es incrementar el presupuesto destinado a las universidades públicas nacionales y proporcionar un aumento salarial tanto para docentes como para el personal no docente. Sin embargo, el Gobierno ha adelantado que tiene la intención de vetar la ley, lo que podría complicar su implementación para el próximo año. Si la Cámara de Diputados no actúa con celeridad, la ley podría perder su estatus legislativo antes de febrero, resultando en una situación embarazosa para el Senado.
Durante el debate, el senador Ezequiel Atauche de la Libertad Avanza manifestó críticas severas. En particular, denunció la existencia de «gastos políticos escondidos dentro de las partidas universitarias». Además, recordó que, cuando su grupo asumió el gobierno, “los salarios de nuestros docentes se les debía un trimestre de salario. Octubre, noviembre y diciembre, y este gobierno se puso al día”. Atauche también destacó que “actualizamos el presupuesto de las universidades en un 70%. Esa actualización no se hacía desde el 2022” y subrayó que “nos importa de verdad la educación”.
El senador Atauche criticó las declaraciones recientes sobre el presupuesto universitario, afirmando que “como era año electoral hubo un montón de cuestiones raras y silencios cómplices que hoy se convierten en grandes banderas y elocuentes discursos pero hace muy poco tiempo eran silencios cómplices de un verdadero desfinanciamiento y destrato a la educación”. También cuestionó a los sindicatos por haber acordado “una paritaria con el cero por ciento de aumento” y recordó que “en agosto Massa recortó el presupuesto universitario en 70 mil millones de pesos y tuvo la posibilidad y complicidad de cerrar su campaña en un colegio universitario pero nadie lo abucheó ni hubo una marcha”.
El senador también puso en evidencia que “el presupuesto universitario estaba congelado desde septiembre de 2022 cuando llegamos al gobierno, el 56% del presupuesto estaba sin rendición de cuenta. Entonces ¿de qué estamos hablando?”. En su opinión, “los presupuestos de educación alcanzarían perfectamente si se gastarían bien, y segundo, no financiarían cajas políticas que no rinden cuentas y utilizan el dinero para sus fines políticos”.
Atauche defendió al oficialismo al mencionar que “se garantizaron las clases y actualizó el presupuesto durante la gestión” y argumentó que “tenemos que corregir porque existe inflación que hemos heredado y se resuelve cortando gastos innecesarios. En este caso, a los gastos políticos escondidos dentro de las partidas universitarias, las cuales muchas no rinden cuentas hace 10 años”. Durante el debate, proporcionó ejemplos de universidades públicas con pocos egresados y concluyó que “los argentinos nos merecemos educación de calidad, sin ideologías, sin utilizar el dinero de argentinos en política. Nos merecemos que tengamos educación diciendo la verdad”.
Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti apoyó la ley y criticó que “las palabras de algunos legisladores cambian semana a semana y nos dejan las pruebas documentales al alcance de la mano”. Fernández Sagasti manifestó que “este debate creo que atrasa porque creía que era un debate que los argentinos habíamos cerrado o saldado” y acusó al oficialismo de “ideas viejas, crueles y elitistas”. Destacó el valor de la “universidad pública, gratuita y de calidad” y subrayó la importancia de la gratuidad que fue establecida por el general Perón. “Creo que en una universidad pública de calidad que otorgue derechos a educarse a todos los vecinos de la provincia de Mendoza”, dijo Fernández Sagasti. También mencionó que la beca Progresar, que proporciona “20 mil pesos por mes a los estudiantes”, no se ha actualizado desde 2023 y es insuficiente para cubrir los gastos de los estudiantes.
El senador Martín Lousteau, de la UCR, también ofreció su perspectiva, señalando que “estamos discutiendo esto en medio de un contexto” económico complicado. Lousteau explicó que el gobierno nacional enfrenta un gran desafío económico con “déficit y reservas negativas” y que la inflación ha causado una caída significativa en el poder adquisitivo de los salarios universitarios, que ha descendido “más de un tercio”. Según Lousteau, “el 85% de los salarios universitarios de los docentes están por debajo de la línea de pobreza” y criticó al gobierno por no reconocer el esfuerzo pasado ni aliviar las dificultades presentes y futuras.
En cuanto al posible veto de la ley, Lousteau expresó dudas sobre si el gobierno será tan “cabeza dura” como para rechazar la ley, considerando la presión social y la importancia de la educación.