La Cámara de Diputados avanzó recientemente con la aprobación inicial de una propuesta legislativa que contempla un incremento del 7,2% en las jubilaciones, además de una actualización en el bono mensual, que pasaría de los $70.000 actuales —valor que se mantenía sin modificaciones desde hace más de un año— a $110.000. Esta decisión representa un paso relevante en la discusión sobre el poder adquisitivo de los adultos mayores.
Sin embargo, la iniciativa fue recibida con una fuerte oposición desde el Poder Ejecutivo. El presidente Javier Milei, fiel a su estilo, no tardó en expresar su rechazo de manera categórica. A través de sus redes sociales, el mandatario criticó abiertamente a los diputados que impulsaron la medida, argumentando que se trata de un acto de «demagogia populista», y advirtió que, aun si la Cámara de Senadores decidiera avanzar con la sanción definitiva de esta ley, él tiene la firme decisión de vetarla.
Milei subrayó que su administración mantiene un compromiso inquebrantable con el equilibrio fiscal, especialmente con el objetivo central de lograr un «déficit cero». En ese sentido, reafirmó que cualquier iniciativa que suponga un gasto adicional que ponga en riesgo esa meta será rechazada sin contemplaciones. Su postura fue respaldada también por su vocero, Manuel Adorni, quien había anticipado previamente que el Gobierno nacional no avalaría medidas que comprometan la estabilidad de las cuentas públicas, incluso si fueran aprobadas por el Congreso.
De esta manera, el oficialismo deja en claro que no está dispuesto a permitir avances legislativos que, aunque estén orientados a mejorar la situación de los sectores más vulnerables, impliquen un aumento del gasto público que, desde su perspectiva, podría perjudicar el rumbo económico establecido por el Ejecutivo.