El Tribunal Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió, mediante una votación mayoritaria, expulsar a los diputados nacionales Mariano Campero, Martín Alfredo Arjol y Luis Albino Picat. Esta decisión se fundamentó en acusaciones de haber llevado a cabo acciones consideradas como una grave afrenta a la dignidad del partido. La resolución fue adoptada durante un encuentro en la sede del Comité Nacional de la UCR, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proceso disciplinario que culminó en esta expulsión se originó tras la suspensión preventiva de los legisladores en el mes de septiembre. El tribunal concluyó que los diputados habían adoptado comportamientos deliberadamente provocadores que perjudicaron la percepción pública de la UCR. Una de las principales conductas señaladas fue la reunión que sostuvieron el pasado 10 de septiembre en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei y otros miembros del gobierno. Este encuentro, que tuvo una amplia cobertura mediática y una notable difusión en redes sociales, se realizó justo un día antes de una sesión parlamentaria en la que se rechazó un veto presidencial a una iniciativa impulsada por el bloque radical.
Durante su visita a la Casa Rosada, los legisladores participaron en actos que incluyeron fotos oficiales y una “selfie” con un tono distendido, lo que fue interpretado por el tribunal como un intento deliberado de generar impacto en la opinión pública. Este comportamiento fue percibido como un desafío directo a las posturas oficiales del partido. Además, el cambio de postura de los diputados en votaciones importantes, como el rechazo al veto de la Ley de Movilidad Previsional y Seguridad Social, fue señalado como un factor que fracturó la unidad ideológica y política de la UCR.
La resolución mayoritaria, respaldada por Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi, se basó en los artículos 13 y 14 del reglamento del Tribunal Nacional de Ética, así como en el artículo 53 de la Carta Orgánica Partidaria. En su análisis, se destacó que las acciones de los legisladores no solo contravenían los valores éticos del partido, sino que también dañaban su reputación frente a la ciudadanía.
No obstante, el tribunal no estuvo exento de debates internos. Ricardo Barrios Arrechea, en su voto en minoría, expresó su desacuerdo con la expulsión, calificándola de excesiva. En cambio, propuso aplicar una suspensión temporal, argumentando que esta medida sería más prudente en un contexto político desafiante y evitaría un debilitamiento interno del partido.
El tribunal también enfatizó el contexto político en el que se encuentra la UCR, como fuerza opositora al gobierno de Milei. Resaltó que, en una etapa de fragmentación política, es crucial que los partidos políticos mantengan su identidad y fortalezcan su disciplina interna. Asimismo, recordó que la pertenencia a una organización política implica un compromiso con sus valores y el respeto a sus lineamientos.
Esta decisión del Tribunal Nacional de Ética tiene como objetivo enviar un mensaje claro: la UCR no tolerará acciones que contravengan sus principios históricos ni su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad. En este sentido, destacó su defensa de políticas clave como la movilidad jubilatoria y el financiamiento a las universidades.
Aunque los diputados afectados aún pueden apelar la medida ante instancias externas, su continuidad dentro del partido parece estar prácticamente descartada. Por otro lado, el caso de Pablo Cervi, otro legislador señalado por adoptar una postura similar, aún no se ha resuelto. Según informó Infobae, Cervi cuenta con un plazo para presentar descargos y ofrecer pruebas, conforme al reglamento interno del partido, y su situación será analizada en los próximos días.