Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia, emitió fuertes críticas hacia sus colegas en dos dictámenes disidentes relacionados con medidas administrativas adoptadas por el máximo tribunal. En sus declaraciones, acusó a otros magistrados de actuar de manera “ilegal”, amenazó con formular denuncias formales y atribuyó las recientes decisiones en la Corte a lo que describió como “ambición desmedida” y “mediocridad”. Este episodio representa un punto álgido en las tensiones internas que han marcado la dinámica de la Corte Suprema en los últimos tiempos.
Según Lorenzetti, las resoluciones adoptadas por sus compañeros de tribunal tienen el objetivo de concentrar el poder y restringir la autonomía de los posibles nuevos integrantes de la Corte, como Ariel Lijo, quien cuenta con su respaldo político, y el académico Manuel García-Mansilla. Para Lorenzetti, este panorama refleja una estrategia deliberada para limitar la influencia que podrían ejercer futuros jueces en las decisiones del tribunal.
El conflicto interno también está relacionado con el deseo de Lorenzetti de recuperar protagonismo dentro de la Corte, donde ocupó la presidencia durante más de una década. Este interés se traduce en su propuesta al presidente Javier Milei para que Lijo sea designado como miembro del tribunal, en un contexto donde la resistencia de otros magistrados a este nombramiento se ha vuelto evidente.
Desde el sector de la Corte que respalda a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, se rememoraron decisiones polémicas de Lorenzetti cuando lideraba el tribunal. Entre ellas, mencionaron que en 2015 adelantó la elección de autoridades de la Corte para asegurarse su continuidad como presidente en medio de un contexto de tensiones políticas. También recordaron que durante su gestión, se dictaron múltiples resoluciones que incluyeron cambios administrativos y la creación de numerosos cargos.
Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz homenajearon a Juan Carlos MaquedaRicardo Pristupluk
En su reciente disidencia, Lorenzetti objetó dos resoluciones concretas: la jubilación de un secretario previsional y la delegación de atribuciones administrativas en el secretario general de la Corte. En ambas, cuestionó la legalidad de las decisiones y acusó a sus colegas de carecer de principios éticos adecuados. Además, vinculó estas acciones con un intento de “vaciar de contenido” las decisiones del tribunal y condicionar a los nuevos magistrados.
El juez también criticó la gestión de Rosatti como presidente del tribunal, señalando que la actividad judicial se ha limitado considerablemente, con un número reducido de sentencias que reflejen un verdadero debate entre jueces. Según Lorenzetti, esta situación debilita la legitimidad y eficacia de la Corte en su rol constitucional.
Otro punto de discordia fue la creación de un nuevo cargo para que un secretario de la Corte, próximo a jubilarse, continúe en funciones. Lorenzetti consideró esta medida como una muestra de favoritismo y discrecionalidad, y propuso que se llame a un concurso público para garantizar transparencia y mérito en las designaciones. Asimismo, denunció presiones ejercidas sobre funcionarios para que anticipen sus retiros, lo que calificó como un atropello a la ética institucional.
Lorenzetti subrayó que estas decisiones son contrarias a los principios de austeridad y transparencia que la Corte debería reflejar en sus fallos y en su gestión administrativa. Según sus palabras, el tribunal está adoptando prácticas que van en detrimento de la confianza pública y de los valores que deberían regir en una institución de tal relevancia.
El juez concluyó advirtiendo que estas medidas no solo afectan la dinámica interna del tribunal, sino también la percepción ciudadana sobre el sistema judicial en su conjunto. Hizo un llamado a recuperar el respeto por los procedimientos, los méritos y los principios morales que históricamente caracterizaron a la Corte Suprema.