En el ámbito legislativo nacional, se concretó recientemente un nuevo acuerdo salarial entre las autoridades del Congreso de la Nación y los sindicatos que representan a los empleados del Poder Legislativo. La vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, cerraron una negociación paritaria con los gremios legislativos que implica un aumento acumulativo cercano al 4%, aplicable de forma retroactiva a los meses de marzo, abril y mayo.
Como resultado de este entendimiento, los senadores nacionales percibirán una nueva actualización en sus ingresos, que ahora ascenderán a aproximadamente 9,5 millones de pesos brutos mensuales. Esta suba se origina en una resolución que la Cámara alta aprobó en abril del año anterior. Dicha normativa introdujo un sistema de ajuste automático, al vincular los haberes de los legisladores con la evolución salarial de los trabajadores del Congreso, utilizando para ello el mecanismo de “módulos” como unidad de referencia.
De esta manera, cada vez que se actualiza el valor del módulo —una cifra que se discute en las negociaciones paritarias con los sindicatos— los legisladores también reciben incrementos en sus dietas. En concreto, los senadores establecieron que su salario se compone de 4000 módulos, divididos en tres ítems: 2500 correspondientes a la dieta básica, 1000 destinados a gastos de representación y 500 asignados por desarraigo, aunque este último no es percibido por cuatro miembros del cuerpo.
De acuerdo al nuevo entendimiento, el valor del módulo pasará de $2.285,73 (vigente hasta febrero) a $2.376,04 en mayo. Este ajuste llevará el salario bruto de los senadores a $9.504.160 si se considera la totalidad de los módulos. El aumento implica una mejora de unos $360.000 respecto de la última actualización, aunque la suma final podría ser incluso mayor si se aplica el carácter retroactivo acordado también para los empleados legislativos.
El más reciente incremento de los haberes legislativos se había producido en abril, cuando finalizó un período de congelamiento de dietas que los propios senadores habían decidido en agosto del año anterior, tras el escándalo mediático y social desatado por una suba anterior que duplicó sus ingresos de 2 a 4,5 millones de pesos mensuales. En ambos episodios, el presidente Javier Milei reaccionó con vehemencia desde sus redes sociales y en entrevistas, criticando con dureza el proceder de los senadores.
El congelamiento originalmente acordado por los legisladores venció el 31 de diciembre, y hacia entonces el clima dentro del Senado había cambiado sustancialmente. Los bloques ya no mostraban intención de mantener límites estrictos sobre sus ingresos ni sobre los sueldos de funcionarios de otros poderes del Estado, y comenzaron a esgrimir el argumento de que sus responsabilidades justificaban una mejor remuneración.
En medio de la creciente controversia pública, la vicepresidenta Villarruel optó por extender por su cuenta el congelamiento de dietas hasta el 31 de agosto. Esta decisión fue tomada luego de que finalizara el período ordinario de sesiones, ante la falta de voluntad expresa de los senadores de aprobar una medida similar.
No obstante, esa prórroga expiró en marzo sin renovarse, lo que permitió que las dietas volvieran a ajustarse según lo previsto en la resolución vigente. A pesar de algunos reclamos aislados de un puñado de legisladores, la mayoría guardó silencio y permitió que el aumento se concretara.
En una posterior reunión de Labor Parlamentaria realizada en mayo, Villarruel volvió a proponer la idea de congelar nuevamente los sueldos para evitar nuevos cuestionamientos sociales, especialmente ante la inminencia de nuevos acuerdos paritarios. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los presidentes de bloque presentes, lo que allanó el camino para la entrada en vigencia del nuevo aumento que hoy vuelve a generar repercusiones públicas.
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