En los últimos días, la Casa Rosada ha comenzado a enfrentar un clima de tensión interna motivado por la caída de los ingresos fiscales, lo que ha llevado al Gobierno a delinear un plan de recortes que afectará a diversos organismos públicos. La inquietud se intensificó tras la decisión oficial de reducir las retenciones sobre las exportaciones del sector agropecuario, una medida orientada a estimular la producción y la actividad del sector, aunque según estimaciones privadas podría implicar un impacto fiscal superior a los 1000 millones de dólares.
Desde el Ministerio de Economía, en tanto, se mantiene un discurso prudente: aseguran que la disminución de los aranceles no comprometerá la sostenibilidad de las cuentas públicas en el mediano plazo y confían en que un eventual repunte de la actividad productiva compensará la menor recaudación. Sin embargo, reconocen que aún no existe un plan concreto destinado a cubrir la brecha generada por esta medida.
Paralelamente, en Balcarce 50 se avanza con un esquema de ajustes en organismos que habían sido restituidos tras la derogación de los decretos delegados. Entre las entidades afectadas se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las comisiones nacionales de Regulación del Transporte (CNRT) y de Tránsito y Seguridad Vial.
En la Casa Rosada atribuyen esta iniciativa a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, aunque desde su entorno subrayan que su agenda inmediata está enfocada principalmente en desregulaciones vinculadas al mercado inmobiliario y a sectores exportadores. Fuentes oficiales indicaron a TN que “el equipo de Federico está avanzando sobre los cambios posibles para que los organismos no queden como antes de los decretos”.
De cara al año próximo, el Ejecutivo se muestra poco optimista sobre el tratamiento del Presupuesto 2026, cuya aprobación estará condicionada por los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Incluso, dentro del oficialismo consideran que una eventual prórroga de las partidas presupuestarias de 2023 podría simplificar la administración de las cuentas públicas. Según trascendidos, la presentación formal del proyecto presupuestario podría postergarse hasta después del recambio legislativo del 10 de diciembre, con la expectativa de que La Libertad Avanza aumente su representación en el Congreso y amplíe su base de aliados.