En dos escritos presentados ante la Cámara Federal de Casación Penal, el abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, respondió a la intimación que le hizo el juez federal Jorge Gorini para que pague el decomiso dictado en el caso Vialidad, que asciende a 537 millones de dólares y que deben afrontar solidariamente todos los condenados. La ex presidenta negó tener bienes para cubrir esa suma y cuestionó el cálculo efectuado por la Justicia, sosteniendo que “toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”.
En la defensa presentada, Cristina Kirchner busca frenar cualquier ejecución sobre su patrimonio en el marco de esta causa, en la cual fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Entre sus planteos, sostiene que el tribunal no tiene competencia para tramitar el decomiso, que debería gestionarse en el fuero civil y comercial, y por ello exige la suspensión del proceso.
El plazo para que la ex presidenta y otros condenados como Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti afronten el decomiso vence este miércoles. La cifra de 537 millones de dólares fue avalada por el juez Gorini, luego de considerar los informes periciales elaborados por profesionales de la Corte Suprema, representantes del Ministerio Público Fiscal y peritos de parte. Según el tribunal, esta cifra es consecuencia de “gravísimos hechos de corrupción”.
Frente a esta suma, Cristina Kirchner aseguró que no cuenta con patrimonio derivado del delito y que el monto exigido se basa en un cálculo que “se tomó como definitivo sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”. Sobre la relación entre su patrimonio y el delito que se le imputa, afirmó: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”. En otras palabras, expresó: “no tengo bienes que sirvan a esos fines” ni que puedan ser ejecutados conforme a la intimación recibida.
Cristina Kirchner profundizó explicando que “toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”, respaldo que fundamenta en pronunciamientos judiciales anteriores que gozan de autoridad de cosa juzgada. En su última declaración jurada de 2023, presentada ante la Oficina Anticorrupción, detalló que la mayor parte de su patrimonio —unos 170 millones de pesos— está invertida en acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, tales como Mercado Libre, Apple, Vista Energy, Microsoft, Coca Cola, Bioceres Crop Solutions, Invesco, Visa y Berkshire Hathaway. También informó que posee cuatro cajas de ahorro en el país con un saldo de 1,7 millones de pesos y un auto Toyota Corolla Híbrido modelo 2023, sin declarar inmuebles propios, pero sí derechos de usufructo sobre dos propiedades que cedió a sus hijos Máximo y Florencia en 2016.
Por otro lado, un relevamiento realizado meses atrás por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola señala que el patrimonio de la ex presidenta está compuesto principalmente por dinero en efectivo, plazos fijos y cuentas comitentes abiertas en la Caja de Valores para inversiones. Respecto a los bienes inmuebles, se mencionan dos departamentos en Recoleta —uno de ellos donde residía hasta el atentado sufrido en septiembre de 2022— y 24 propiedades en Santa Cruz, todas cedidas a sus hijos para evitar posibles embargos futuros.
Aunque Cristina sostiene que no pueden decomisarse bienes que no están a su nombre, algunos despachos de Comodoro Py interpretan que la transferencia gratuita de inmuebles a sus hijos podría ser cuestionada y, por ende, susceptible de embargo o decomiso.
Respecto a la discusión sobre los 537 millones de dólares, el abogado Beraldi sostiene que la resolución del Tribunal Oral Federal 2 “carece de la más mínima fundamentación”, ya que, pese a las notorias discrepancias entre las metodologías presentadas por los peritos para actualizar el monto, el tribunal eligió aplicar el índice de precios al consumidor (IPC) sin explicar por qué descartó métodos técnicos sólidos, como la aplicación de tasas bancarias, lo cual “vulnera las exigencias constitucionales y legales que rigen la validez de las decisiones judiciales”.
Para fijar el monto, el tribunal analizó distintos cálculos: los peritos de la Corte Suprema estimaron el decomiso en aproximadamente 685 mil millones de pesos; el Ministerio Público Fiscal presentó seis cálculos, siendo el más alto cercano a 724 mil millones de pesos usando el CER-BCRA, y utilizando el índice de inflación del INDEC coincidieron con la cifra de la Corte. En contraste, el perito designado por la defensa, José Lucas Gaincerain, calculó un decomiso mucho menor, alrededor de 42 mil millones de pesos.
La defensa señala que la sentencia original “estableció que el monto era provisorio” y que su definición definitiva requería intervención técnica cuando la sentencia quede firme, pero que el tribunal tomó ahora la cifra como definitiva sin debate previo, “afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”. Beraldi cuestiona la elección del IPC sin justificación, y se pregunta por qué se descartaron otros métodos como las tasas bancarias. Advierte que la metodología usada “es técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y contradice precedentes”, incluso de la misma justicia, como en los casos Hotesur y Los Sauces, donde se aplicaron tasas bancarias.
El abogado señala que, en esos casos, se utilizó la tasa activa del Banco Nación, que en esta causa arrojaría cifras mucho menores —cien veces menores, según sus cálculos— y que con el método adoptado, el monto en dólares triplica lo que resultaría de los criterios aplicados por la Fiscalía en otros procesos conexos.
Por estos motivos, Beraldi solicitó la suspensión de toda ejecución patrimonial —como depósitos o embargos— “hasta que haya sentencia firme sobre el monto”. Asimismo, pidió a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña que anulen la resolución actual, ordenen un nuevo fallo conforme a derecho y suspendan la ejecución patrimonial hasta que se resuelva definitivamente.